DOMINGA.– Daniel Suárez, de 18 años, sabe que hubo un tiempo en que los mexicanos aspiraban a tener una pensión en la vejez, un beneficio que él ya no tendrá. “Si me llega a pasar algo o no logro juntar suficientes ahorros para un futuro, voy a terminar sin nada. Al fin y al cabo todo lo mueve el dinero”, dice con frustración.

Miriam Domínguez, de 32, piensa que los legisladores provocaron desigualdad e indefensión cuando les quitaron a las nuevas generaciones la oportunidad de recibir una pensión decorosa para su vejez. “Fue como decir: no vamos a ser nosotros quienes paguemos las consecuencias, aviéntaselo a las nuevas generaciones. No vamos a lidiar con eso, ahí les dejamos el problema”.

Hace 30 años Daniel no había nacido y Miriam tenía apenas dos años, pero en la Cámara de Diputados, la madrugada del 8 de diciembre de 1995, se cambió la Ley del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y se decidió su futuro económico y, en gran medida, la percepción que tendrían de su propia vida.

“Somos una generación que ya no tiene nada que perder. Va a sonar bien fuerte, pero he platicado con amigos y no tenemos mucha esperanza en el futuro. He escuchado a amigos que dicen: si no tengo una vejez digna y ya no tengo para dónde hacerme, ‘me doy cranqui’. Y te lo digo, también lo he pensado”, dice Miriam, quien tiene una licenciatura pero lleva cuatro meses en el desempleo.

Daniel trabaja desde los 15 años, aprendiendo oficios y ahora es vendedor en una tienda de la NFL. Trabaja y estudia en la UNAM, su dinero se le va en pasajes y la renta. “¿Por qué a otros sí los pueden ayudar con ese dinero extra y a nosotros no nos va a tocar? Se me hace un poco injusto. ¿Qué hicimos?”, se cuestiona Daniel, con su voz delgada, aún en proceso de cambio.

Ninguno de los dos jóvenes trabajadores saben bien qué pasó en 1995 o cuáles fueron las razones por las cuales los diputados del país cambiaron la Ley del IMSS que les quitó el derecho a recibir una pensión del Estado cuando se jubilen, sólo saben que los mandaron a rascarse con sus propias uñas. “Es como decir, si no vas a tener un retiro digno es porque tú no le echaste ganas”, dice Miriam.

Lo que pasó la madrugada del 8 de diciembre de 1995 es una consecuencia más del llamado “error de diciembre” que desembocó en la salida masiva de capitales, la devaluación del peso frente al dólar y la inestabilidad del sistema financiero.

La verdad oficial: se trató de una reforma necesaria para evitar la quiebra financiera del IMSS porque el viejo esquema de pensiones –el Estado pensionando a los trabajadores– era insostenible. La pirámide poblacional empezaba a invertirse y cada vez había más pensionados y menos trabajadores cotizando, y los viejos vivían más.

El déficit era real: el dinero que entrara en el futuro no sería suficiente para pagar las pensiones de todos los trabajadores jubilados. Qué mejor que ser previsores y cambiar a los trabajadores a otro esquema, pensó Zedillo, donde cada uno pudiera ahorrar para su vejez; patrones y gobierno federal pudieran aportar mayores cuotas para el retiro, crearles una cuenta individual de ahorro con un organismo financiero nuevo que administrara, invirtiera y resguardara sus ahorros. Administradora de Fondos para el Retiro (Afore), les llamaron.

Las afores darían a los trabajadores la mayor rentabilidad posible, ya que su dinero invertido en los mercados financieros generaría rendimientos superiores a lo que el IMSS podría darles, se dijo. Además, éstas contribuirían al fortalecimiento del ahorro interno, a la creación de infraestructura y a la generación de empleos.

A cambio, dijeron, el Gobierno federal incrementaría su aportación, lo que se traduciría en mayores recursos para el IMSS, destinados a la atención médica y a sus guarderías, así como a la cobertura de los trabajadores informales mediante el Seguro de Salud para la Familia, por una cuota mínima.

Triste realidad. “Siento como si nos hubieran hecho a un lado, como si no importáramos. Como que [dijeron] ‘es problema del futuro’, pero ese futuro llegó, está aquí, somos nosotros y queremos cuentas”, dice Miriam.

El daño por el “error de diciembre” se extendió a las pensiones

Hace 30 años vivíamos días aciagos. Veníamos de la devaluación del peso (62%), del aumento al IVA del 10 al 15%, teníamos una inflación anual del 47%, el EZLN se había levantado de la mesa de negociaciones de paz; y Raúl Salinas de Gortari, hermano del expresidente, estaba en la cárcel y su esposa acababa de ser detenida en Ginebra, Suiza, al intentar retirar 84 millones de dólares con un pasaporte falso.

En ese contexto, el presidente Ernesto Zedillo Ponce de León mandó al Congreso su iniciativa para que las pensiones de todos los trabajadores del IMSS –activos– pasaran a un esquema de cuentas individuales de ahorro, de tal forma que las cuotas obrero, patronal y del gobierno federal fueran a parar a una Afore.

La mayor reforma económica del México moderno fue aprobada en menos de dos meses: la iniciativa llegó a la Cámara de Diputados el 9 de noviembre de 1995, se discutió en comisiones el 6 de diciembre, llegó al pleno el día 7 y la aprobaron la madrugada del 8 con los votos del PRI: 289 a favor y 160 en contra del PAN, PRD, PT y seis diputados independientes, que renunciaron al grupo que los postuló.

En el Senado la reforma se discutió el día de la virgen de Guadalupe, el 12 de diciembre. Se aprobó en cuatro horas y media, sin cambios, con 92 votos a favor del PRI, 25 en contra y una abstención.

Otra versión del origen de esta reforma, la conoce la doctora Asa Cristina Laurell, académica, socióloga y quizá la persona que más escribió en la prensa nacional sobre lo injusta y lo incorrecta que era: “esa reforma fue impuesta por el tesoro de los Estados Unidos, por el Fondo Monetario Internacional y por el Banco Mundial porque ellos fueron los que ‘costearon’ para que no quebrara el sistema financiero mexicano [en diciembre de 1994], porque eso hubiera sido la quiebra del sistema financiero de todo el mundo”, dice en entrevista con DOMINGA.

A esta crisis se le conoció como “el efecto tequila” y, para detenerla, en conjunto, se le prestaron a México por parte de estos organismos internacionales y otros bancos centrales y comerciales alrededor de 50 mil millones de dólares, según un informe oficial del gobierno de Estados Unidos.

“No estaba en peligro nada más el sistema mexicano, sino también las bolsas en el resto del mundo”, explica la doctora. “Luego se hicieron unas serie de cambios para proteger a las bolsas y el sistema financiero en los Estados nacionales”.

Más allá de la reforma para modernizar el sistema de retiro y la temida privatización de los servicios de Salud, la verdad profunda fue que urgía capitalizar a los bancos y al sistema financiero que quedaron débiles tras “el error de diciembre” y para eso usaron las cuotas de 10.9 millones de trabajadores activos de ese entonces.

Sí hubo una mayor aportación estatal y patronal –la cuota patronal para el Retiro, Cesantía y Vejez pasó de 3.5% a 5.15% en julio de 1997, cuando entró en vigor la ley–, pero los recursos no fueron a dar al IMSS sino a las afores, que resultaron ser los bancos, extranjeros en su mayoría, así lo expone Lourdes Martínez González en su tesis de maestría ¡¿Qué transa con las afores?!

En esta reforma, asegura, Ernesto Zedillo sólo continuó lo que Carlos Salinas de Gortari había empezado para desmantelar el sistema de pensiones, con la creación del Sistema de Ahorro para el Retiro, en 1992, y de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar), creada en julio de 1994.

La cuota tripartita pasó a los bancos para que pudieran recuperarse y mantener activo y sano el sistema financiero mexicano. Les dieron, a través de las afores, un negocio para administrar recursos, comisiones y rendimientos, provenientes del ahorro obligatorio de los trabajadores, a muy largo, larguísimo plazo, sin siquiera poner tope a sus comisiones. El daño por “el error de diciembre” no sólo fue el Fobaproa, se extendió a las pensiones para el retiro de las generaciones venideras.

Así fue la crónica de la votación en San Lázaro

La doctora, académica y exsecretaria de Salud, Asa Cristina Laurell, fue una de las principales opositoras a esta reforma, escribiendo ensayos, libros y como asesora del PRD en la Cámara de Diputados. Revive que entonces se permitía el acceso del público al salón de sesiones, así que hubo sindicalistas, organizaciones civiles y público en general. “En la Cámara había una férrea resistencia, esencialmente por parte del sindicato del IMSS. Cuando el jefe de la comisión presentó la propuesta [Miguel Ángel Toscano], el público le chiflaba y le tiraban monedas, diciendo que era totalmente injusto lo que él decía”, dice Laurell.

La exdiputada del PRD, Patricia Ruiz Anchondo –hoy embajadora de México en Colombia–, encabezó a un grupo de mujeres defensoras de la seguridad social que ingresó al recinto con mantas, pancartas y un judas, gritaban consignas, y lanzaban injurias a los priistas. El diputado Marcos Rascón se colocó una máscara de Carlos Salinas de Gortari, lo que provocó gritos de los priistas y risas de la oposición.

Hoy estas escenas son comunes en San Lázaro pero eran inéditas en 1995, veníamos de un Congreso solemne que creaba leyes a modo del presidente, y había surgido la oposición, una real y muy aguerrida que protestaba con los recursos que había a la mano. Viudas, jubilados y pensionados de nueve estados, afiliados al Movimiento Unificador Nacional de Jubilados y Pensionados, se manifestaron en el Zócalo, temían que el IMSS privatizara los servicios médicos. Marcharon también en cinco ciudades: Mazatlán, Durango, Monterrey, Durango y Coatzacoalcos.

El debate empezó el 7 de diciembre y duró más de 12 horas, 57 legisladores hicieron uso de la palabra. El diputado del PRI, Florentino Castro López, afirmó que durante un mes tuvieron negociaciones con la sociedad, medios de comunicación, sindicatos y universidades, pero no fue posible dialogar con el PRD ni con el PAN. “Antes de que los obreros priistas, los maestros priistas, los diputados priistas, le metiéramos más de 60 candados [a la iniciativa presidencial], al PAN le gustaba la ley. Hoy ya no le gusta tanto”, dijo.

Zedillo declaró días después que los panistas acompañaron la reforma en lo “privado” (publicó Proceso el 18 de diciembre de 1995), pero en lo público los dejaron solos con el costo político. El diario de los debates entonces permitía conocer el resultado de la votación global o por partido, pero no el voto personal de cada legislador. Sólo las crónicas parlamentarias dejan saber quiénes eran los diputados del PRI que salieron a defender la reforma: 

Fernando Salgado y Ricardo Ramírez Gamero, ambos del sector obrero; Joel Ayala Almeida, líder de los sindicatos de burócratas; el doctor Alejandro Audry Sánchez, presidente de la Comisión de Seguridad Social, Alejandro Rojas Díaz Durán, Humberto Roque Villanueva, Dionicio Pérez Jácome, entre otros.

Una joven diputada perredista, proveniente de las filas del STUNAM, Rosario Robles Berlanga, tomó la palabra: “nosotros aquí dignamente defendemos el punto de vista de 60 mil trabajadores que estuvieron en las calles el viernes pasado y que muchos de ustedes acompañaron y hoy aquí vienen a darles las espalda.

“La reforma a la Ley del Seguro Social es una reforma que tiene que ver con la modificación de un pacto social… es una reforma que modifica en el corazón la relación entre el Estado y los trabajadores… aceptando que en este terreno el mercado se convierte en el amo y señor en materia de seguridad social”, dijo.

Tras la aprobación de la reforma, “se me acercaron los diputados del PRI y me dijeron, ‘felicitaciones, qué buena defensa hicieron: Ustedes tienen la razón, pero nosotros tenemos los votos’”, revive Laurell.

“A nosotros nos apoyaron los sindicalistas del IMSS y exfuncionarios, por ejemplo, Ricardo García Sainz, que había sido el director general de IMSS [1988-1991], me habló y dijo que lo que yo había escrito [en artículos] era lo mejor que se había dicho y que él quería que trabajáramos juntos. Y eso hicimos. Se logró introducir cambios, pero no logramos totalmente revertir los problemas”, agrega.

En abril de 1996 se votó la creación de las Afores y el 1 de julio de 1997 entró en vigor la nueva Ley de Pensiones, así el Estado mexicano dejó a muchos jóvenes en manos del mercado financiero, asumiendo el riesgo de devaluaciones, crisis económicas, inflación. Hasta noviembre de 2025 el IMSS reportó 22.5 millones de trabajadores en activo, pero en 1995 había 1.5 millones de trabajadores jóvenes que se jubilarían décadas después, a ellos se les conoce como la “generación de la transición”.

Estos trabajadores tienen la opción a elegir entre jubilarse con el viejo esquema y los beneficios de la ley del ‘73: 100% de tu salario, pensión vitalicia heredable a la viuda o viudo, servicios médicos y aumento anual, o con el régimen de las afores: 5 mil 500 pesos mensuales, en promedio, que es lo que están recibiendo las personas se retiran bajo este régimen, hasta agotarse tu ahorro; o bien puedes retirar la totalidad de tu ahorro y comprar un seguro que te garantice una pensión vitalicia. El Estado entrará a dar una pensión mínima garantizada sólo en algunas excepciones.

Información y desinformación sobre la nueva ley de pensiones

La resistencia la conformaron el Sindicato del IMSS y 13 sindicatos más, entre ellos, el de electricistas y telefonistas, el PRD, el PT, los diputados independientes y organismos sociales. Estos lograron que los derechos de los trabajadores en activo quedarán a salvo, pero permitieron que esta reforma se aplicara a las futuras generaciones: estos no tuvieron representantes que alzaran la voz por ellos.

Debido al error de diciembre, en la UNAM se vivían recortes presupuestales y reformas académicas y administrativas que desembocaron en más precariedad laboral para los profesores y un paro de labores en los cinco planteles del Colegio de Ciencias y Humanidades por 43 días.

El día de la votación, un pequeño grupo de estudiantes sí acudió a San Lázaro a apoyar al Sindicato del IMSS, pero no eran los protagonistas. Los jóvenes lo fueron hasta décadas después, cuando la realidad alcanzó a las futuras generaciones, millennials y centennials y muchos de la generación X –nacidos en los setenta– y descubrieron que las afores no cumplieron con lo prometido.

Para la elaboración de este trabajo fue preciso la consulta hemerográfica de aquellos días, sorprende lo grande y gruesos que eran los periódicos de aquellos años: 69 páginas más portadas. Sin internet, había hojas y hojas de publicidad, los cines, teatros o la televisión anunciaban su programación en sus páginas, las empresas compraban publicidad para desear Feliz Navidad.

El Sector Popular del PRI y el El Congreso del Trabajo compraron una página completa en los principales diarios. La reforma, dijeron los priístas, “es benéfica para la clase trabajadora, alienta la creación de empleos y es solidaria, redistributiva y justa”. Y luego aseguraron los sindicatos: “los trabajadores contarán con pensiones más justas y mejor atención”.

El 8 de diciembre de 1995 los periódicos traían en primera plana la aprobación de la reforma a la Ley del IMSS, los dineros hallados a Raúl Salinas y los disturbios en Francia: los sindicatos y trabajadores del sector público rechazaban la propuesta de pasar de 37.5 a 40 los años de cotización y la creación de un nuevo impuesto para financiar la seguridad social. A la postre, un millón de franceses marcharon contra el intento de resquebrajar sus pensiones, lograron paralizar al país y el gobierno retiró la iniciativa. Pero en México la prensa informó de su propia reforma dando cuenta de los dimes y diretes que se dijeron desde tribuna, abundó muy poco del impacto que ésta tendría sobre los trabajadores mexicanos en el futuro.

Incluso la prensa crítica se centró en lo inmediato: la posibilidad de que los servicios de salud se privatizaran, ya que se permitía la subrogación de servicios médicos y los convenios de reversión de cuotas, esto es, si los patrones podían asegurar a sus trabajadores en esquemas privados, el IMSS les devolvería la cuota. Si 30% de los asegurados con los ingresos más altos lo abandonaban, se llevarían 45% de los fondos, describió Laurell en sus artículos. Nada en esa reforma era cosa menor.

Salvo contadas excepciones, la prensa de esos años era oficialista y la televisión reinaba en todo el país, con una clara línea editorial de no informar lo que hacían las minorías. ¿Fuimos víctimas de la desinformación y la sociedad no se enteró realmente de lo que significaba esa ley?, se le pregunta a la entrevistada. Ella dice que no. “Las organizaciones que trabajaban pensiones dieron [todo]. Yo incluso escribí una libretita, junto con El Fisgón, que se llama: ‘No hay pierde: todos pierden’.

“Puedo decir como juicio definitivo: había mucha información, pero no logró llegar al público en general porque [éste] no buscó la información. Me cuesta trabajo [aceptar] que les fue tan mal porque no estaban informados, pues también hay una obligación de la ciudadanía de informarse, no?”, dice Laurell.

Un atraco en tiempos de Zedillo

La reforma al sistema de pensiones era necesaria, pero se pudo hacer de mejor manera, acepta la académica. Para tener derecho a una pensión, la nueva ley impulsada por el presidente Ernesto Zedillo elevó el requisito de semanas de cotización, de 500 a mil 250 semanas y agregó tener 65 años de edad para el retiro, antes no había límite de edad. El gobierno argumentó que los fondos de ahorro necesitaban más años de aportación para ser sostenibles.

En abril de 1996 se aprobó finalmente la ley, los priistas nuevamente usaron su mayoría, pero “se les olvidó” legislar sobre las comisiones que tendrían estos organismos por su trabajo como administradoras. La Consar se encargaría de regularlas. 

Fernando Solís Soberón fue director de ésta de 1995 al 2000, no puso límites a las comisiones de las afores –en 2011 fue nombrado director general de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros–, éstas cobraban comisión por cada depósito que se hacía en la cuenta privada (flujo) y por la cantidad total acumulada (saldo), y como se descontaba de la cuota, el trabajador no se daba cuenta del dinero que le quitaban de su ahorro. No existen reportes de cuánto ganaron las afores en esos años por comisiones. En 2008 la Consar eliminó la comisión por flujo.

En 2013 la Consar dio a conocer por vez primera cuánto ganaban las afores por comisiones en un año: 24.3 mil millones de pesos. El atraco a los trabajadores con las afores no fue sólo el despojarlos de una prestación del Estado, sino por permitir que éstas cobraran comisiones tan altas, haciendo más pobres sus rendimientos.

En 2020 hubo una reforma grande, para aumentar las pensiones mínimas que las afores darán a los trabajadores jubilados se redujo de mil 250 a 750 las semanas de cotización, se aumentaron las cuotas del patrón y se puso tope a las comisiones de las afores, lo que fue impugnado por Azteca, Coppel, Principal, Sura e Invercap ante la Suprema Corte. En marzo de 2024 se validó la medida.

En 2025, las 10 afores existentes se llevaron 30 mil millones de pesos, con una comisión autorizada de 0.55%, la mitad de lo que cobraban una década atrás.

Para garantizar una pensión digna a las próximas generaciones es necesario realizar estudios actuariales, dice la especialista, “los dineros que tiene el Estado no es porque echan a imprimir más dinero, vienen de los impuestos y no ha habido gran disposición para incrementarlos, por ejemplo, a los que tienen ingresos por encima de un millón de pesos al año”.

Daniel desconoce el sistema de afores, no es un tema que toquen sus amigos. Están más preocupados por conseguir mejores trabajos, mejores escuelas, un salario digno que no se les vaya en pasajes. Los políticos, dice, se pelean por representar a la Generación Z, pero no se preocupan por sus necesidades. “Y ahora que nosotros exigimos cosas nos dicen: ay, son una ‘generación de cristal’ y terminan por no hacernos caso”.

GSC / MMM