La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) aseguró que el anuncio de la reforma al sistema de pensiones se dio en el mejor momento, tras un año de trabajo y con el respaldo de los tres sectores involucrados (gobierno, trabajadores y empresarios), y si bien en este momento existe una coyuntura complicada por la pandemia el covid-19, su implementación se dará hasta 2023, una vez que pase la crisis económica y que sea aprobada por el Congreso de la Unión, para con ello generar inversión y crecimiento.
“Una reforma de este calado, de esta magnitud, es una de las reformas más importantes que podría hacer un gobierno y depende mucho de la ventana de oportunidades y de la disponibilidad política de los actores. Logramos acordar una reforma que satisface los intereses de los tres, con una política pública enfocada en proteger a los adultos mayores, ofrecer y asegurar una calidad de vida en el retiro y también para disminuir la pobreza y la desigualdad”, indicó el subsecretario de Hacienda, Gabriel Yorio.
En entrevista con MILENIO, explicó que hay diferentes sistemas de pensiones en el país (empleados de gobierno, privados, subnacionales, algunas empresas paraestatales), con distintos esquemas y niveles de cotización. La reforma que se anunció este martes está enfocada en los trabajadores que están registrados en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), con una relación contractual entre un trabajador y un patrón en el sector privado, no involucra a todos los sistemas, pero puede ser una ventana de oportunidad para reformas más integrales.
No implica costos para las finanzas públicas
Con respecto al impacto en las finanzas públicas, el subsecretario dijo que actualmente el gobierno destina recursos para una pensión mínima garantizada y lo que se está haciendo es recomponer a quién se les dirige esta pensión. Actualmente los recursos que aporta el gobierno federal se enfocan en los trabajadores que cotizan de uno a 15 salarios mínimos, con la iniciativa se va a concentrar en los trabajadores de menores ingresos, de uno a cuatro salarios mínimos.
Con esto, abundó, se reducirá el costo para las empresas que emplean a trabajadores con este nivel salarial y el efecto total sobre las finanzas públicas es neutral, ya que no se va a gastar más y se va a romper la inercia de crecimiento que traían las aportaciones del gobierno, estabilizarlas, mantenerlas y hacerlas pequeñas conforme el presupuesto va creciendo; en el corto plazo, habrá ahorros nominales.
Costos para las empresas
Al preguntarle si mayores las mayores aportaciones implicarán costos para las empresas y eso puede generar menos contrataciones o salarios más bajos, Yorio respondió que es un tema que se discutió con el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), éste lo consensuó con cada una de las cámaras empresariales y se acordó que no se iba a aumentar la edad de retiro porque implicaba descontento social, pero sí se aumentarían las aportaciones.
“Nosotros nos concentramos en los recursos públicos, en los sectores de más bajos ingresos para que estos trabajadores no pasen a la informalidad. Otro de los objetivos es incrementar el nivel de ahorro en el país, actualmente ahorramos entre 17 y 18 por ciento y lo que estimamos con el modelo actuarial que discutimos con el CCE es que esto va a incrementar el nivel de ahorro a 34 ó 35 por ciento, por lo tanto va a haber más recursos en la economía para inversión y está inversión es la que va a generar crecimiento”, apuntó.
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Descarta desempleo, bajos salarios, outsourcing, informalidad
Es así que la Secretaría de Hacienda descartó desempleo, bajos salarios e impacto en las pequeñas y medianas empresas (MiPymes), puesto que para una MiPyme que emplea de cinco a diez trabajadores y les paga entre uno y cuatro o cinco salarios mínimos, el costo de las aportaciones lo hará el gobierno federal, en quienes sí se incrementará será en las grandes empresas que tienen mayor capacidad de crear riqueza y economías de escala, así como planes de inversión de largo plazo más allá incluso de administraciones gubernamentales.
En el caso de trabajadores que tienen ingresos altos, el funcionario considera que ellos tendrán mayor capacidad de encontrar otra opción de empleo, si es que tuvieran que buscar pero en el agregado, la reforma es benéfica para el país, los empleadores, los trabajadores y el Estado en términos de finanzas públicas.
Para el caso de que se fomenten más esquemas de subcontratación o informalidad, indicó que para evitarlo el gobierno federal absorberá el costo de los niveles salariales más bajos y un mayor nivel de ahorro implicará que las administradoras de fondos para el retiro tendrán más recursos para invertir y mejorar la rentabilidad de sus clientes.
MRA