El Pleno del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) aprobó presentar una controversia constitucional en contra de diversas disposiciones contenidas en el decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 16 de abril de 2021, en el cual se plantea la creación de un Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (Panaut).
Luego de que el Consejo Consultivo del IFT recomendara esta acción en contra de la reforma que establece que el instituto se encargará de instalar, operar, regular y mantener dicho padrón con cargo a su presupuesto, y realizará las acciones necesarias para solicitar a los concesionarios de telecomunicaciones y, en su caso, a los autorizados, la cancelación en forma inmediata de aquellas líneas de telefonía móvil, que no hayan sido identificadas o registradas por los usuarios o clientes.
“Conforme a lo dispuesto en la Constitución, el IFT es un órgano autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio propio, que tiene por objeto el desarrollo eficiente de la radiodifusión y las telecomunicaciones, independiente en sus decisiones y funcionamiento, y con la facultad de ejercer su presupuesto de forma autónoma, por lo que la Cámara de Diputados le garantizará la suficiencia presupuestal a fin de permitirle el ejercicio eficaz y oportuno de sus competencias”, dijo el organismo autónomo en un comunicado.
En su carácter de autónomo, ninguna ley puede obligar a que se ajuste a las tareas impuestas por el Poder ejecutivo. Previamente, Irene Levy, presidenta del consejo de observatorio de las Telecomunicaciones de México (Observatel) señaló que al aceptar la encomienda de implementar el Panaut, el IFT estaría perdiendo autonomía y pasaría a tener funciones como cualquier secretaría de Estado.
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Levy compartió que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha mencionado que los órganos autónomos no caben en su gobierno y por eso ha querido asignarles tareas para unirlos al proyecto de gobierno.
Aunado a esto, otro de los argumentos del IFT para interponer esta controversia constitucional es que “ni en la planeación presupuestal ni en el presupuesto aprobado por la Cámara de Diputados para el ejercicio fiscal 2021, hay recursos asignados para poner en marcha el Panaut, al ser este último una obligación reciente de gasto generada durante el ejercicio en marcha”, informó.
El presupuesto asignado al instituto para el presente ejercicio fiscal es de mil 510 millones de pesos y lo que costaría la implementación del padrón de telefonía móvil sería mínimo 700 millones de pesos, calculó el comisionado presidente del IFT, Adolfo Cuevas, lo que equivale al 46 por ciento del presupuesto total del órgano autónomo.
Analistas en telecomunicaciones coincidieron que esta asignación distraería al IFT de las funciones para las que fue creado -como vigilar la competencia del sector y brindar conectividad a la población- y para las que debe asignar su presupuesto.
Asimismo, la controversia constitucional también responde a la contradicción que el Panaut representa para el IFT que tiene el mandato de garantizar los derechos contenidos en los artículos 6º y 7º de la Constitución, así como de favorecer el acceso a los servicios de telecomunicaciones, que son derechos fundamentales. Pero, la reforma a Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión le impone la obligación de cancelar todas aquellas líneas telefónicas que no se encuentren inscritas al padrón en un periodo máximo de dos años.
“El IFT manifiesta su absoluto compromiso y responsabilidad de actuar siempre en el marco del Estado de Derecho, así como su reconocimiento y respeto al Poder Judicial, cuyas decisiones han sido fundamentales para el sector de las telecomunicaciones”, concluyó el instituto.
lvm