Después de que el presidente Andrés Manuel López Obrador envió a la Cámara de Diputados una iniciativa que reforma diversas disposiciones en materia de subcontratación, también conocida como outsourcing, el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF) exhortó a los legisladores a revisar de manera imparcial, objetiva e integral la iniciativa.
En un comunicado, señaló que la implementación de medidas aisladas para resolver el desafío de la subcontratación podría generar resultados contraproducentes e insuficientes, por lo que debe atenderse desde una perspectiva amplia e integral, de fomento al bienestar y en estrecha colaboración con todos los sectores afectados.
Para el IMEF, el contenido de la iniciativa debe revisarse y tomar en cuenta los siguientes elementos:
1) Solamente una fracción de la población económicamente activa (PEA) labora para empresas o establecimientos formales, por lo que el impulso a un esquema robusto de bienestar debe necesariamente contemplar la reducción de la informalidad, ampliando el acceso de todos los trabajadores hacia un modelo efectivo de seguridad social. El endurecimiento de los mecanismos de contratación sin la debida concertación con el sector empresarial podría generar un mayor nivel de informalidad.
2) El combate al uso irregular y abusivo de la figura de la subcontratación no debe darse a costa de esquemas de subcontratación basados en buenas prácticas internacionales que acatan las leyes, respetan las obligaciones sociales y fiscales por parte de las empresas proveedoras, fomentan la inversión y el empleo, debe aplicarse y, en su caso, fortalecerse el marco jurídico correspondiente sin ocasionar la cancelación de fuentes de empleo.
3) La iniciativa o los dispositivos legales posteriores deben precisar el término “especialización” y sus alcances, ya que al prohibir la subcontratación también establece que no se considerará como tal la prestación de servicios o ejecución de obras especializadas.
4) El decreto entra en vigor al día siguiente de su publicación, por lo que es necesario contar con un periodo de transición para la migración de puestos de trabajo al nuevo esquema.
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5) Evaluar el impacto de la iniciativa en materia de la competitividad y el atractivo de México como destino de la inversión y en el marco de los acuerdos internacionales aplicables.
6) Revisar la aplicación de la Participación de los Trabajadores sobre las Utilidades (PTU) ligada a esquemas de productividad, lo que podría impulsar diversos beneficios para nuestra economía.
7) Cuantificar el costo fiscal y evaluar el riesgo operativo en los tres órdenes de gobierno ante la probable cancelación de puestos de trabajo basados en la subcontratación.
El IMEF destacó que apoya un enfoque incluyente para la economía, basada en la inversión y el crecimiento con responsabilidad social, donde el cumplimiento de las obligaciones patronales y fiscales, así como la gestión empresarial responsable son elementos centrales.
No obstante, recalcó, el impulso a una economía que genere un entorno de bienestar para la población requiere de una perspectiva amplia de desarrollo que integre múltiples elementos, incluyendo el fomento a la inversión y a la generación de empleo, y la presentación de una Iniciativa de esta relevancia, sin integrar la perspectiva de las empresas, no contribuye al fortalecimiento de la confianza y a la creación de condiciones propicias para la inversión.
Condiciones necesarias en el momento actual de México tras el muy severo impacto de la pandemia sobre el crecimiento económico y el empleo.
srgs