Actualmente, la piratería dejó de ser un problema de marcas y pérdidas económicas, ahora representa un riesgo para la salud, la seguridad de los consumidores y el comercio legal.
En México, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) reportó el aseguramiento de aproximadamente 1.5 millones de productos falsificados, con un valor estimado de 2 millones de dólares, de acuerdo con el director general del Instituto, Vidal Llerenas.
“Tenemos una mesa con todos los proveedores de servicios de internet y también tenemos un acuerdo con las principales plataformas para que también puedan bajar inmediatamente un producto que se considera ilegal”, señaló durante su participación en el panel Experiencias nacionales: Marco de observancia de la PI y desafíos.
Además, destacó que la apuesta es que los aseguramientos no sean el último paso, sino el comienzo de investigaciones que permitan llevar a los responsables ante la justicia.
En este sentido, inidcó que uno de los objetivos centrales del IMPI es lograr que el combate a la falsificación no termine únicamente con el decomiso y la destrucción de mercancía.
Llerenas destacó que los cambios legales buscan fortalecer las investigaciones para que los responsables enfrenten consecuencias judiciales.
“Los cambios legales nos fortalecen para poder judicializar mucho más fácil eso y que haya consecuencias más allá del mero aseguramiento”, dijo.
También resaltó la colaboración con empresas y plataformas digitales, así como el uso de información proporcionada por los propios titulares de derechos para identificar cómo operan las redes ilegales.
“Esto es mucho más efectivo, porque sabemos en realidad en qué modalidad se da, cómo lo tenemos que hacer”, explicó.
Sobre las campañas contra la piratería, consideró que deben ir más allá de advertir sobre el daño económico a las marcas y los empleos. La estrategia, sostuvo, debe poner en el centro los riesgos que enfrentan los consumidores.
“Las campañas no solamente deben enfocarse en el sentido de que es una mala práctica comprar piratería sino también en los riesgos que las personas tienen que vivir”, señaló.
Entre esos riesgos mencionó afectaciones a la salud y a los datos personales. Por ello, consideró necesario fortalecer la comunicación dirigida al público.
“Creo que pueden ser mucho más persuasivos y creo que por ahí tendría que ser el tema de comunicación masiva”, agregó.
Medicamentos falsificados un alerta en Costa Rica
Desde Costa Rica, Karen Guzmán Carvajal, fiscal auxiliar del Ministerio Público, advirtió que la falsificación ya no se concentra únicamente en ropa, tenis, bolsos o accesorios, pues la importación de medicamentos y productos de interés sanitario también representa un desafío para las autoridades.
"Tenemos que fortalecer las leyes en materia de salud", señaló.
“Ahora las investigaciones requieren una mayor participación de instituciones sanitarias, además de las autoridades fiscales y aduaneras”, agregó.
Además, explicó que la coordinación con el Ministerio de Hacienda y las autoridades aduaneras ha permitido detectar mercancía sospechosa mediante revisiones aleatorias y sistemas de alerta.
Cuando se identifica un posible cargamento falsificado, las autoridades pueden retener la mercancía y dar aviso al Ministerio Público para iniciar las investigaciones.
Por lo anterior, destacó que el problema debe abordarse desde una perspectiva que coloque al consumidor en el centro.
La moderadora del panel subrayó que la falsificación de medicamentos puede tener consecuencias mortales para quienes consumen productos cuya composición y procedencia desconocen.
En Guatemala faltan especialistas para perseguir la falsificación
En Guatemala, María Paulina Molina López, asesora del Registro de la Propiedad Intelectual, señaló que uno de los principales obstáculos para combatir estos delitos: la falta de conocimientos técnicos especializados entre las autoridades.
"La protección de la propiedad intelectual requiere no solo de conocimientos jurídicos de la ley, sino también de grandes conocimientos técnicos", explicó.
La funcionaria señaló que no basta con conocer las disposiciones legales: las autoridades deben tener herramientas para identificar marcas, patentes, derechos de autor e invenciones, así como reconocer cuándo existe una posible violación.
Para enfrentar esta situación, indicó que se están impulsando mesas interinstitucionales con el Ministerio Público, la Policía Nacional Civil, el Ministerio de Economía y la Superintendencia de Administración Tributaria.
También puso en marcha un diplomado para capacitar a funcionarios del organismo judicial, con el propósito de que los jueces cuenten con mayores elementos para resolver los procedimientos relacionados con propiedad intelectual.
Paraguay apuesta por una alianza entre gobierno y empresas
Por su parte, Óscar Rubén Vázquez Rodríguez, jefe del departamento de la Policía Nacional de Paraguay, destacó que su país está apostando por un modelo de coordinación entre autoridades y sector privado.
A través de un centro interinstitucional encabezado por la Dirección Nacional de Propiedad Intelectual, distintas dependencias gubernamentales mantienen reuniones trimestrales para analizar los delitos contra la propiedad intelectual.
"Los que cometen delitos contra la propiedad intelectual no tienen fronteras, son organizados", advirtió.
Por lo anterior, consideró que la cooperación entre autoridades y titulares de derechos permite fortalecer las investigaciones, mejorar los elementos probatorios y obtener mejores resultados.
La estrategia paraguaya involucra a instituciones de salud, el Ministerio Público, la Policía Nacional y organismos de defensa del consumidor.
En Perú falsificar medicamentos puede llevar a prisión
Desde Perú, María Consuelo Mejía Rodríguez, fiscal provincial especializada en delitos aduaneros y contra la propiedad intelectual, explicó que las autoridades pueden actuar sin esperar una denuncia de los titulares de las marcas, debido a que estos delitos son perseguibles mediante acción penal pública.
La Policía Nacional está facultada para intervenir cuando detecta la fabricación o comercialización de productos falsificados, mientras que las fiscalías especializadas trabajan con las autoridades aduaneras para acreditar las infracciones.
"La única forma que usted se pueda salvar de una investigación es que usted lo demuestre que ese producto es original y que cuenta con la marca registrada”, dijo.
Además, Mejía Rodríguez explicó que, cuando se trata de falsificación de medicamentos, el caso puede trascender la afectación a una marca y convertirse en un delito contra la salud pública.
Detalló que en esos escenarios, las penas pueden alcanzar hasta ocho años de prisión, dependiendo de las circunstancias y agravantes.
También señaló que uno de los principales problemas para integrar las investigaciones son los tiempos disponibles para obtener informes técnicos y peritajes, particularmente cuando las marcas tienen representantes en el extranjero.
Uruguay alerta por la piratería en redes sociales
María Lucía Nogueira, fiscal letrada de la Fiscalía General de la Nación de Uruguay, identificó al comercio digital como uno de los principales desafíos para las autoridades.
Además, destacó que aunque Uruguay cuenta con una legislación alineada con estándares internacionales, la fiscal reconoció que las disposiciones en materia de propiedad intelectual están dispersas en diferentes ordenamientos.
Durante su exposición, señaló que el país ocupa el primer lugar de América Latina y el puesto 26 a nivel mundial en el ranking de propiedad intelectual de 2025.
Sin embargo, el crecimiento de las ventas por redes sociales y la operación de estructuras criminales en distintos países complican las investigaciones.
"Los delincuentes se encuentran en distintos países; por lo tanto, se vuelve fundamental la cooperación internacional", sostuvo.
La fiscal también planteó la necesidad de regular la promoción y comercialización de productos falsificados en plataformas digitales, además de impulsar campañas de concientización dirigidas especialmente a los jóvenes.
Por lo que indicó que las autoridades deben explicar que comprar piratería no es una decisión sin consecuencias ya que puede tener consecuencias en la salud, la seguridad, la economía y el empleo.
KL