Al estado de Puebla, a su economía y a su ambiente laboral le beneficia que en la planta armadora de autos Volkswagen de México que representa 30 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) de la entidad, se presente un arreglo de aumento salarial y de prestaciones y se mantenga un clima de estabilidad.
De acuerdo con el análisis “Impacto del conflicto laboral de VW para Puebla”, realizado por los investigadores de la Facultad de Derecho de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla (Upaep), Felipe Miguel Carrasco Fernández y Juan Almazán Corona, a ningún sector le beneficia un conflicto laboral que se traduzca en huelga.
Actualmente, en la armadora de autos de origen alemán se vive un proceso de negociación de aumento salarial y de revisión contractual. A diferencia de años pasados en los que la parte patronal y sindicato llegaban a un acuerdo y se hacía válido, ahora, con las reformas a las leyes laborales, se establece que la mayoría de los trabajadores de un gremio deben votar a favor o en contra de dicha propuesta para que se vuelva realidad.
La jornada de votación de los trabajadores de Volkswagen del pasado 5 de agosto no fue avalada por el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral porque no se alcanzó la participación de la mayoría de ellos y se repetirá este miércoles 31 de agosto en las instalaciones de la planta automotriz ubicada a un costado de la autopista Puebla-México, en San Lorenzo Almecatla, en el municipio de Cuautlancingo.
Ante la situación que se vive en la armadora, Felipe Miguel Carrasco Fernández, investigador de la Upaep, destacó que, en particular, al interior de la empresa, a ninguna de las dos partes, les conviene el estallamiento de la huelga y el mejor camino ante la consulta que se realizará este 31 de agosto, es que se establezcan las bases para un arreglo.
“Lo mejor siempre es un arreglo. Hay que tomar en cuenta que hay varios factores que influyen en las decisiones de la empresa y del sindicato. El sector automotriz fue uno de los más golpeados. Han tenido que hacer paros técnicos porque no les llegan los insumos. Es un ejercicio que tendrá que analizarse poco a poco”, explicó.
Por su parte, Juan Almazán Corona, investigador de la Upaep, destacó que, si la mayoría de los trabajadores vota en contra del acuerdo de aumento de nueve por ciento directo al salario y dos por ciento en prestaciones, se presentará una huelga, lo que afectará a las partes involucradas y, en general, a diferentes sectores de la entidad.
“La huelga no la queremos nadie porque hay una afectación en diferentes aspectos. Este fenómeno de huelga tiene diferentes aristas, uno de ellos, el jurídico. Si no hay un arreglo, no hay un consenso en la votación de este mañana por el 50 por ciento más uno que es lo que daría el peso a esta decisión, vamos a tener un proceso de estallamiento de huelga que nadie desea”, detalló.
Si se llega a una huelga, la empresa pondrá en marcha sus estrategias legales y se puede presentar un lapso que impactará en la economía, en la estabilidad de la entidad y en los bolsillos de los propios trabajadores, comentó el especialista.
CHM