Después de que el Procurador Fiscal de la Federación, Carlos Romero, puntualizó que los casos en los que se caerá en supuestos de delincuencia organizada relacionados con empresas fantasma están separados de la actividad económica, el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), expresó en un comunicado que no llegaron a un acuerdo en ese tema.
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"Un punto donde aún no hemos logrado generar consensos es el relativo a la reforma propuesta desde el Senado de la República para sancionar con prisión preventiva oficiosa y hacer aplicable el régimen de delincuencia organizada (incluyendo extinción de dominio) a la defraudación fiscal", afirmó el CCE.
Desde que se presentó el 8 de septiembre la iniciativa de Ley de Ingresos para el Ejercicio Fiscal de 2020 y la miscelánea fiscal, tanto el CCE, como los diversos organismos, se han reunido con diversos actores que tienen a su cargo el diseño y análisis de las iniciativas de reforma.
"Hemos tenido participación directa en los ejercicios de parlamento abierto que se han llevado a cabo en la cámara para estos efectos, incluyendo también la reforma que se originó en el Senado de la República para el combate a las empresas que facturan operaciones inexistentes o simuladas", indicó.
Detalló que se han analizado alternativas de redacción y ajustes que se harían llegar al Congreso para ser incorporadas en el análisis y aprobación del Paquete Económico, que permitan lograr los objetivos que busca el gobierno de fortalecer la recaudación y de tener herramientas que les permitan hacer más eficaces sus atribuciones en esta materia, sin generar efectos colaterales que afecten la certidumbre para la inversión productiva.
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"Los delitos relacionados con los factureros están totalmente separados de la actividad económica, de nosotros como agentes económicos. No estamos sujetos a delincuencia organizada", dijo el titular del CCE, Carlos Salazar Lomelín en conferencia de prensa con Hacienda.
Indicó que el CCE siempre ha apoyado y apoyará las acciones que permitan al gobierno federal atacar a los grupos delincuenciales que han hecho de la venta de facturas que documentan operaciones simuladas o inexistentes, su modus vivendi.
"¿Qué hemos insistido nosotros?, que esto que se nos ha explicado, quede claramente puesto en la iniciativa de ley, para que no haya duda de nadie. Por eso es el único punto donde todavía estamos platicando de qué manera esto se debe de aplicar", resaltó en la conferencia de prensa con el secretario de Hacienda Arturo Herrera.
Agregó que han sugerido modificar esta iniciativa para que solamente se restringa la clasificación de éste régimen, a los delitos de venta de facturas, y a los de defraudación fiscal y su equiparada.
"Únicamente cuando se expiren o utilicen facturas que documenten operaciones inexistentes o simuladas. Por lo que hacemos este llamado a que se ajuste la redacción que se está mandando a la comisión de hacienda de la Cámara de Diputados. Este es el único punto donde tenemos todavía un comentario, estamos tratando de convencer al procurador de que este artículo se modifique", dijo.
GGA