La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) Puebla llamó al Congreso de la Unión a que expida la Ley General de Seguridad Privada a fin de que las empresas en esta materia cuenten con el marco jurídico necesario para su operación.
Rubén Furlong Martínez, presidente de la cúpula patronal destacó que esta iniciativa resulta importante, ya que ello permitirá la profesionalización y regulación de las empresas que coadyuvan con la seguridad de los negocios y la sociedad en general.
Refirió que esta ley debió haberse expedido antes del 25 de noviembre de 2021; sin embargo, quedó “en la congeladora”.
En conferencia con medios, expuso que en Puebla se tiene registro de 220 empresas de seguridad privada formales, pero se ha detectado la operación de firmas que ofrecen este mismo servicio de manera irregular.
“Es un tema que nos preocupa mucho. Tenemos 220 detectadas que trabajan de manera regular y profesional, el problema es que, dado el marco que hay no tenemos un número claro de cuántas hay y por eso creemos que es urgente tener un marco regulatorio que nos permita ordenar esta parte”.
El representante de la cúpula patronal agregó que la Ley estatal no está homologada al marco federal vigente, de tal forma que hay requisitos que obstaculizan la operación de las empresas formales y dificultan su gestión.
En el caso de las pruebas de control de confianza que se aplican al personal, el líder de la Coparmex explicó que en Puebla resultan más caras respecto al promedio nacional.
“Revisando los costos, el examen de control de confianza en el estado cuesta 5 mil 405 pesos, a nivel federal cuesta 2 mil 300 pesos. Lo más urgente para nosotros es homologar criterios a nivel federal”, señaló.
Además de los costos, existe un rezago en los resultados de hasta seis meses, lo que conlleva a que los elementos sean contratados por firmas que pagan un mayor sueldo, pero sin prestaciones de ley o seguros de vida, señaló Evelin Lizbeth Ramos, representante de la empresa Serpico.
“Es un tema preocupante para nosotros como empresa porque en esos seis meses mucho del personal que contratamos y, por el cual se pagan los controles de confianza, no permanecen en la empresa precisamente por la cuestión de las empresas patito que suben sueldos y ellos no pagan los servicios que pagamos entre impuestos, prestaciones, seguros y demás. Esto hace que mucho personal cambie de empresas y en esos seis meses que llega la prueba y nos admite para pasarlos, el personal ya no está, entonces tenemos que pagar nuevamente la cantidad que nos están solicitando por otros elementos”, señaló.
CHM