Ante el 80 por ciento de agentes inmobiliarios que trabajan en la informalidad, se presentan riesgos económicos para el estado de Puebla, por lo que urge una ley que establezca normas y la profesionalización en este sector.
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En el punto anterior coincidieron Alejandro Muratalla, presidente de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI) Puebla; así como Héctor Sánchez, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), al señalar que la falta de un marco jurídico en el ámbito inmobiliario abre la puerta a prácticas fraudulentas y desalienta la atracción de inversiones.
En conferencia con medios de comunicación, el líder de la AMPI, señaló que Puebla se encuentra entre los diez estados que carecen de una ley en la materia y, al mismo tiempo, suma una década en la lucha por establecer una norma que regule las operaciones, transacciones y actividades en el ámbito inmobiliario.
De más de dos mil inmobiliarias que operan en el estado de Puebla, solo 450 están registradas por el Inegi, es decir, dos de cada diez operan en la informalidad, detalló el empresario.
En ese sentido, el líder de la AMPI destacó que la iniciativa privada mantiene mesas de trabajo con legisladores y autoridades a fin de que la Ley de Servicios Inmobiliarios pueda ser una realidad este año.
"Esta ley tiene por objetivo mantener el orden y la seguridad del mercado inmobiliario. A nivel nacional no hay una ley como pasa en otros países, por lo que se tiene que proponer en cada estado. Ya 22 estados cuentan con esta ley que se ha venido aprobando desde 2007 (...) De tal manera que en Puebla ya entramos en el top diez de rezago legislativo con respecto a este tema... El 80 por ciento de los agentes está en la informalidad, lo que impacta económicamente al estado en recaudación y falta de credibilidad", agregó Javier Préstamo Ábrego, vicepresidente de la AMPI.
En este marco, el presidente del CCE, Héctor Sánchez, señaló que la regulación de la actividad inmobiliaria brindará certeza jurídica para la atracción de inversiones, al tiempo que permitirá contrarrestar la posibilidad de fraudes.
Refirió que en 2022 se tuvo registro de mil 600 casos de fraude en Puebla, que van desde la suplantación de identidad, solicitud de pagos anticipados, venta de propiedades inexistentes, vicios ocultos o contratos falsos.
Por último, Oswaldo Jiménez López, presidente de la comisión de vivienda en el Congreso local reconoció que en diez años sumaron "varios intentos frustrados de esta ley" y, tras asegurar que se toman en cuenta las opiniones de empresarios, Puebla podría contar este mismo año con una norma en la materia.
Si bien se contará con un marco jurídico, el legislador consideró que no se acabará con la competencia desleal, pero sí se avanzará en la profesionalización de agentes en el ramo.
CHM