Diferentes actores de la iniciativa privada en México, como la Asociación Nacional de Transporte Privado (ANTP) y la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin), entre otros, externaron su preocupación y su rechazo por la propuesta de crear un nuevo impuesto sobre los servicios de entrega gestionados a través de plataformas digitales.
En un comunicado en conjunto, destacaron que de ser incluido en el artículo 307 ter del Código Fiscal de la Ciudad de México para el ejercicio fiscal 2022, el impuesto generará un impacto negativo directo en la economía de los miles de negocios y repartidores que dependen de estas plataformas.
“Este nuevo impuesto es a todas luces inconstitucional, ilegal, discriminatorio y discrecional. Adicionalmente, representa una barrera a la innovación para la Ciudad de México, pues atenta contra los esfuerzos de acompañar la reactivación económica en un período complejo como la pandemia”, agregaron.
La Asociación de Internet México (AIMX), la Asociación Latinoamericana de Internet (ALAI), la Asociación Mexicana de Ventas Online (AMVO), la Asociación Fintech México (FTMX), la Asociación Nacional de Transporte Privado (ANTP) Confederación Patronal de la República Mexicana CDMX (Coparmex), el Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior, Inversión y Tecnología, (Comce) y la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra), también firmaron el documento.
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Añadieron que la iniciativa contraviene la política del gobierno federal de no crear nuevos impuestos, así como los acuerdos adquiridos por México ante la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) de no establecer más impuestos a la economía digital.
Además, indicaron que la propuesta resultaría en una modificación a la estructura de costos de las plataformas intermediarias y de miles de restaurantes, micro y pequeñas empresas, lo que surtirá efecto en los precios que pagan los consumidores finales, incrementado la ya alta inflación y repercutiendo directamente en el bolsillo de las familias mexicanas.
“Un impuesto local por usar las calles no tiene precedente y es inconstitucional, va en contra del principio de equidad tributaria y además es una medida que daña a la economía digital, limitando la creación de valor económico y social, la cual, más allá de beneficiar a los usuarios y consumidores finales los afecta en gran medida”, aseveraron.
Destacaron que uno de los principales objetivos de las asociaciones firmantes es transmitir la importancia que el internet, la tecnología e innovación y la economía digital tienen para la economía y el bienestar de los mexicanos.
“Hacemos un llamado respetuoso al Congreso de la Ciudad de México para valorar los efectos negativos que tendrá este impuesto de manera participativa, transparente y en pleno respeto al marco constitucional”, expresaron.
AMP