El ex subsecretario de Comercio Exterior de la Secretaría de Economía, Juan Carlos Baker, aseguró que la reforma en materia eléctrica que se busca imponer, implicaría una violación de la ley por parte del Estado mexicano, al tiempo que si se aprueba, en año y medio se decidirán aranceles contra México bajo el T-MEC por parte de Estados Unidos o Canadá.
Durante su participación en el foro “Diálogo abierto sobre la Reforma Eléctrica y sus impactos al bienestar", organizado por la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), Juan Carlos Baker, sostuvo que una iniciativa de este tipo, no solamente tendría efectos legales, sino que implicaría “con todas sus letras, una violación de la ley por parte del Estado mexicano”.
Explicó que las consecuencias de la reforma hacia México está en dos vías, una es que algunos de los compromisos dentro de los acuerdos comerciales son del Estado mexicano, por lo tanto, si hay un país como Estados Unidos, Canadá, Japón, Australia, que considere que vale la pena llevar a México a un proceso de Solución de Controversias, “ya lo podrían hacer en este momento”, porque los tratados consideran que no es necesario que la medida entre en vigor para que se pueda iniciar un proceso de consultas.
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La segunda vía es que si un inversionista en lo individual, piensa que sus derechos han sido violados, puede solicitar un procedimiento de arbitraje internacional.
Además aclaró que estas dos opciones son dos caminos por separados, ya que uno corresponde al Estado como tal, y otro a los inversionistas, “ambos creo que tendrían una suficiencia de argumentos para poder ser tomados bastante enserio”.
“En términos de procedimiento, por ejemplo en el caso del T-MEC, se tendría que ir a lo que se establece en el capítulo 31; ahí se establece un proceso de solución de controversias, que si llegara a tener todos los pasos correspondientes y tiempos, deber durar relativamente poco tiempo, posiblemente un año posiblemente un año y medio máximo".Cuándo se podrían ver represalias si es que un país decide demandar, hay que remitirnos a los procesos de Solución de Controversia de cada uno de los tratados”, afirmó.
Destacó que la reforma eléctrica implicaría mandar la señal de que México está cerrando el mercado.
“La reforma cerraría un mercado en el cual actualmente los privados ya están participando, entonces esa violación sin duda no quedaría solamente en el papel, tendría consecuencias. El resultado práctico de lo que esta reforma estaría proponiendo es dañar las inversiones, cancelar las que ya había, y disminuir el valor de las empresas", mencionó.
A su vez la presidenta de la Comisión Especial de Seguimiento a la Implementación del T-MEC del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Claudia Ruiz Massieu, sostuvo que las violaciones a los tratados por la reforma, abren la puerta a la activación de los mecanismos de solución de controversias que están previstos en los mismos, y que pueden aplicarse por un inversionista en contra del Estado mexicano, o incluso a escalar conflictos entre Estados.
“Es una reforma energética, no eléctrica, es una reforma desde luego económica, y aunque no es materia de este panel, dejo anotado que también es una reforma política por sus efectos".
"Esta reforma implicaría un retroceso también en términos jurídicos, porque implicaría volver a un sistema jurídico cerrado con la aprobación de esta iniciativa no solo se desconocerían compromisos internacionales que tenemos como país, sino que volveríamos a mirar todo, exclusivamente bajo la óptica interna”, aseveró.
Por su parte la directora general de México en Acclaim Energy, María José Treviño, dijo que si la reforma se aprueba, puede generar un nivel significativo de incertidumbre legal y regulatorio, demandas, arbitrales internacionales costosos por inversionistas y por consumidores.
“México cuenta con los compromisos internacionales, y viendo hacia el futuro, en caso de aprobarse la iniciativa, será muy difícil que México cumpla con los compromisos actuales”, comentó.
scsa