La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) aseguró que modificar el periodo de un gobernante electo, una vez que pasó la contienda electoral, como lo ocurrido en el estado de Baja California, es una ilegalidad histórica que pone en serio riesgo la democracia en México.
En un comunicado, el organismo que dirige Gustavo de Hoyos Walther, calificó como inadmisible que tras un proceso electoral, la legislatura en la entidad modificó el periodo de gestión del gobernador electo mediante una “sorprendente” reforma a la constitución.
“Cambiar el periodo de un gobernante electo ya después de la contienda electoral es una ilegalidad histórica que arriesga el diseño del sistema democrático de México. La reforma tiene por objeto modificar el periodo de gestión del gobernador electo sustituye la voluntad popular, al eliminar la periodicidad previamente establecida para la concurrencia de las elecciones federales y locales en 2021”, aseveró.
Expuso que con estas acciones de modificación a la legislatura, constituyen violaciones graves a la constitución general de la República, al atacar la forma de gobierno republicano, representativo, federal, así como también dijo es un ataque a la libertad de sufragio.
Expuso que con estas acciones de modificación a la legislatura, constituyen violaciones graves a la constitución general de la República, al atacar la forma de gobierno republicano, representativo, federal, por lo que consideró un ataque a la libertad de sufragio.
“Coparmex considera la actuación de la mesa directiva del congreso de Baja California en este asunto en particular como una clara omisión legislativa irresponsable y ausente de respeto al voto de los bajacalifornianos”, resaltó.
En ese sentido aseguró que una consulta popular o privada no tiene validez legal en materia electoral, expresado claramente por la Ley de Participación Ciudadana del Estado de Baja California.
“Un ejercicio de consulta como el acordado por el congreso de Baja California será un ejercicio simplemente inútil y una pérdida de tiempo valioso, ya que no aportaría de alguna manera a resolver un asunto estrictamente de índole jurídico”, indicó.
Exhortó al presidente de la mesa directiva del congreso del estado a cumplir con su obligación de enviar la reforma mencionada al poder ejecutivo del estado. “No hacerlo, o dejarlo en manos de una consulta financiada por particulares sin validez legal, representa un agravio al sistema democrático mexicano y a los ciudadanos de Baja California”.
MRA