México busca cambiar la forma en que se pagan bienes, servicios y trámites con una nueva Ley de Economía Digital para Pagos Digitales y Electrónicos, cuyo objetivo central es llevar a la vida cotidiana una infraestructura de pagos que ya existe, pero que todavía tiene una adopción limitada.
La iniciativa presentada por el Ejecutivo federal el 8 de septiembre fue aprobada por la Cámara de Diputados el pasado 6 de octubre con 327 votos a favor; ya fue turnada al Senado de la República, donde deberá continuar el proceso legislativo.
Pero, ¿qué es lo que quieren? Pues más que crear un nuevo sistema de pagos, la propuesta busca establecer reglas para que los medios electrónicos y digitales —como transferencias, códigos QR y las herramientas desarrolladas alrededor de los sistemas de pago del Banco de México (Banxico)— tengan una mayor presencia en las operaciones diarias.
Como lo explicó José Antonio Peña Merino, titular de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones en conferencia mañanera en Palacio Nacional el pasado 24 de septiembre, uno de los objetivos es “acelerar pagos digitales. Que con el celular uno pueda cobrar y pagar de manera muy rápida”.
¿Qué busca la Ley de Economía Digital?
El principal objetivo es cerrar la brecha entre la infraestructura tecnológica disponible y su utilización.
México ya cuenta con sistemas como SPEI, así como herramientas como CoDi y DiMo, pero una parte importante de las operaciones cotidianas todavía se realiza en efectivo.
La iniciativa plantea que el siguiente paso no sea solamente desarrollar tecnología, sino obligar a que exista infraestructura para aceptar pagos digitales y facilitar que las personas puedan utilizarlos.
La ley también busca favorecer la inclusión financiera, facilitar la formalización de micro y pequeñas empresas y generar un historial de operaciones que pueda ayudar a ampliar el acceso al crédito formal, además de ayudar a la fiscalización.
En este sentido, Peña Merino explicó que la intención es “profundizar la inclusión financiera”, pues incluso una pequeña tienda o un puesto puede recibir pagos digitales y, con ello, tener una cuenta bancaria que le permita avanzar hacia otros productos financieros.
Eso, dijo, “abre un trayecto para acceder a productos financieros, acceder a crédito y crédito más barato y, por supuesto, dirigir sus actividades hacia la formalización”.
¿Qué cambiará para los negocios?
La propuesta establece que los proveedores de bienes y servicios deberán habilitar la infraestructura necesaria para recibir medios de pago electrónicos y digitales, además de informar a sus clientes cuáles tienen disponibles.
Esto significa que el cambio no recaería únicamente en bancos o instituciones financieras. También alcanzaría a comercios, prestadores de servicios y otros negocios que cobren directamente a los consumidores.
La legislación contempla que, ante una contingencia que impida utilizar los medios digitales, se pueda recurrir al efectivo o al cheque.
Es decir, el efectivo no desaparecerá de manera general, ni de un día para otro, pero sí se abre la posibilidad de limitar su utilización en actividades determinadas.
¿Qué sectores podrían dejar de aceptar efectivo?
El artículo 13 faculta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para determinar los sectores estratégicos y actividades relevantes en los que los pagos digitales podrían convertirse en la única modalidad ordinaria de pago.
La iniciativa no establece desde ahora una lista definitiva de actividades. Los detalles deberán definirse posteriormente mediante las disposiciones correspondientes.
Entre las actividades señaladas por la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones como las primeras en avanzar hacia la eliminación gradual del efectivo están las casetas de peaje y las gasolineras.
La lógica es comenzar por operaciones de alta frecuencia y en las que ya existe infraestructura tecnológica para recibir pagos electrónicos, antes de extender el esquema a otras actividades.
Peña Merino explicó que los sectores estratégicos son aquellos “en los que se irá eliminando —como lo ha anunciado la Presidenta— de manera gradual efectivo, empezando por gasolineras y carreteras de manera muy gradual”.
¿Entonces desaparecerá el efectivo?
No. La propuesta no establece que todos los comercios del país deban dejar de recibir billetes y monedas.
Lo que plantea es crear un marco para que la autoridad pueda determinar actividades en las que los medios digitales sean obligatorios. Además, contempla excepciones cuando exista una contingencia que impida procesar el pago electrónico.
Por ello, el cambio sería gradual y dependerá de las reglas que emita la Secretaría de Hacienda una vez que la legislación quede aprobada.
La presidenta Claudia Sheinbaum fue enfática al explicar el alcance de la propuesta: “No es que ‘se vaya a prohibir el efectivo ni mucho menos’, imagínense, no, sino facilitar el uso de la tecnología para hacer pagos digitales”.
Sobre los primeros sectores en los que se busca reducir el uso de efectivo, señaló que la decisión responde a “razones fiscales, por razones de seguridad, disminución de delitos, recaudación”.
¿Qué papel tendrá CoDi?
CoDi aparece como una de las herramientas que el gobierno busca aprovechar para ampliar los pagos digitales.
La apuesta no consiste necesariamente en sustituir todos los sistemas existentes por CoDi, sino en aprovechar la infraestructura de pagos del Banco de México y ampliar la aceptación de mecanismos digitales entre consumidores y negocios.
El diagnóstico de la iniciativa parte precisamente de que el problema principal no es la ausencia de tecnología, sino que ésta todavía no se utiliza de manera generalizada.
La Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones ha planteado como meta que los pagos digitales alcancen 50 por ciento de las transacciones en el primer año de aplicación de la ley, aunque ha calificado ese objetivo como conservador.
“Nosotros calculamos —y esto es una conversación con el Banco de México— que en el primer año tendríamos que llegar a un 50 por ciento, y esto se va a ir incrementando en el tiempo. Puede ser que sea más rápido, es un cálculo conservador”, explicó Peña Merino.
El funcionario también señaló que, para operaciones por debajo de 500 pesos, 85 por ciento ocurre en efectivo, lo que muestra el reto que enfrenta la estrategia de digitalización.
¿Qué pasará con las pequeñas empresas?
Las micro y pequeñas empresas estarán entre los actores que tendrán que adaptarse.
Deberán contar con mecanismos para recibir pagos digitales y atender las disposiciones que correspondan a su actividad.
Esto puede implicar desde terminales bancarias hasta aplicaciones, códigos QR o conexiones que permitan procesar las operaciones.
La iniciativa también plantea que esta digitalización pueda ayudar a formalizar actividades económicas y generar información sobre los flujos de dinero de los negocios, lo que eventualmente podría facilitar su acceso al crédito formal.
Peña Merino explicó que, de acuerdo con datos de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y del Inegi, 85 por ciento de las microempresas o pequeños establecimientos mercantiles tienen una cuenta bancaria, aunque muchas la utilizan casi como una cuenta personal.
“Esto va a permitir asociar la actividad comercial con el producto bancario y eso crea una historia financiera”, señaló.
¿Qué cambia para una persona que quiera contratar servicios financieros?
La propuesta también modifica la forma en que una persona podrá identificarse al contratar productos financieros a distancia.
La CURP Digital podrá utilizarse como mecanismo de confianza para la contratación digital de servicios financieros, junto con otros mecanismos oficiales de identificación.
Esto busca que una persona pueda abrir o contratar determinados productos financieros sin tener que acudir físicamente a una sucursal.
La iniciativa también contempla el Expediente Digital Ciudadano, cuyos documentos tendrían efectos jurídicos equivalentes a los físicos en los casos previstos por la legislación.
¿Qué tendrán que hacer los gobiernos?
La obligación no será exclusiva del sector privado. Los tres órdenes de gobierno deberán realizar las acciones necesarias para aceptar medios de pago electrónicos y digitales en trámites y servicios, además de habilitar la infraestructura correspondiente y promover su utilización.
De esta forma, la ley pretende que la digitalización avance simultáneamente en dos frentes: los pagos de los consumidores y las operaciones que realizan con el gobierno.
¿Quién aplicará la nueva ley?
El Banco de México conservará un papel central por la infraestructura de pagos que opera y por las acciones que la propia legislación le asigna.
La Secretaría de Hacienda tendrá facultades para definir sectores estratégicos y actividades relevantes en los que se establezcan obligaciones relacionadas con los pagos digitales.
La Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones también tendrá responsabilidades dentro de la implementación de la política de digitalización.
Mientras tanto, bancos, entidades financieras, gobiernos y proveedores de bienes y servicios tendrán que adaptar sus operaciones a las nuevas reglas.
¿Qué sigue?
La Cámara de Diputados ya aprobó el proyecto y lo envió al Senado el 6 de octubre.
La Cámara de Senadores será ahora la instancia que deberá discutir y votar la propuesta. Si el proceso legislativo concluye favorablemente, las disposiciones secundarias y reglas de aplicación definirán cómo se implementarán en la práctica las obligaciones para negocios, gobiernos y sectores considerados estratégicos.
En otras palabras, la Ley de Economía Digital no elimina de golpe el efectivo: busca cambiar las reglas para que pagar digitalmente deje de ser una alternativa y se convierta en la forma predominante de realizar determinadas operaciones económicas.
MRA