Analistas del sector energético consideraron que hay riesgo de excesos y abuso de autoridad con la reforma de Ley de Hidrocarburos. Si bien es cierto que la reforma enviada por el presidente Andrés Manuel López Obrador al Congreso “tiene buenas intenciones”, ya que busca combatir el huachicol, también sienta las bases para detener e incluso echar para atrás la reforma energética de 2013 en el sector hidrocarburos.
Y es que contrario a lo que pasó con la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica, en esta ocasión, las empresas están cautelosas y esperarán a ver la aprobación en el Congreso y cómo quedaría la reforma antes de promover juicios de amparos.
Santiago Fernández, analista de Intercam, sostiene que la aprobación de la reforma repercutiría en dos aspectos fundamentales: reduciría la participación de privados en el mercado nacional de combustibles, al elevar los requerimientos para la obtención de permisos y establecer condiciones legales para no emitirlos o suspenderlos.
Consideró que aún en caso de ser aprobada, es muy probable que la reforma enfrente obstáculos similares a los de la Ley de la Industria Eléctrica, cuya implementación fue suspendida en tribunales tras amparos de empresas privadas y demandas de inconstitucionalidad.
Para Alain Duthoy, del despacho Lexoil Consultores, la reforma tiene “muy buenas intenciones, pero muy mala ejecución”.
La iniciativa plantea cambios en el otorgamiento de permisos de importación, distribución y comercialización de combustibles a empresas privadas o públicas, es decir, que solo sucederá si se comprueba que el solicitante cuenta con las instalaciones y equipo necesario (almacenamiento).
“La buena intención es la obligatoriedad de aumentar los días de almacenamiento por cuestiones de seguridad nacional y el otro aspecto es que buscan combatir el huachicol, contrabando y el huachicol fiscal. Todo esto es muy bueno, pero qué pasará con las empresas que tienen en este momento proyectos en construcción en almacenamiento de combustibles, esto incurrirá en posibles expropiaciones”.
De acuerdo con la iniciativa, el Ejecutivo Federal indicó que la actual legislación en materia de otorgamiento de permisos es demasiado laxa y permite actividades ilegales.
Alain Duthoy señaló que en la iniciativa de ley se menciona que hay gasolineras que despachan menos litros de gasolina de lo que venden, lo que sería un fraude a todos, sin embargo, “vemos con buenos ojos que la autoridad revoque permisos en caso de reincidencia en el incumplimiento por parte de las gasolineras que no cumplan con litros completos”.
El especialista refirió que en el caso del Artículo 59, que permite a la Secretaría de Energía y la Comisión Reguladora de Energía suspender los permisos expedidos en los términos establecidos en esta ley, cuando se prevé un peligro inminente para la seguridad nacional, la seguridad energética, éste es deficiente.
El abogado de Lexoil Consultores mencionó que la modificación al Artículo 59 puede incurrir en un abuso de autoridad, ya que bajo el argumento de seguridad nacional o seguridad energética, a las empresas se les pueda revocar permisos solo por sospecha de algún acto ilícito y mientras se investiga ya se afectó a la misma.
“Es complicado, porque aquellas empresas que estén en regla pueden ser afectadas por auditoría
para que la autoridad verifique si no cae en el ilícito de huachicol, que no sería más fácil ir contra los que importan combustibles y están en ese negocio”.
Comentó que hasta el momento hay cautela y se esperan hasta que sea aprobada la reforma
y en qué términos quedaría la misma, antes de iniciar juicios de amparos.
“La autoridad debió sentarse con los empresarios del sector y con Cofece, porque la iniciativa tiene algunas carencias en materia de competencia, las mismas que se presentarán al día siguiente que sea aprobada y publicada en el Diario Oficial de la Federación.
“Se debió señalar cuáles son los aspectos que están afectando al mercado de hidrocarburos y en conjunto diseñar una iniciativa que tenga mayor legitimidad y sobre todo mayor posibilidad de ser una buena ley”, apuntó el especialista.
Por su parte, César Cadena Cadena, presidente del Clúster Energético, opinó que es positivo que se plantee que ahora sea condición para ser sujeto a un permiso para importar combustible que cuentes con infraestructura de almacenamiento.