La eventual aprobación de la iniciativa de reforma a la ley minera que prevé reducir de 50 a 15 años la vigencia de las concesiones, además de otros temas, disminuirá hasta en una tercera parte la producción en México y espanta a inversionistas de todo el mundo, refieren legisladores, ingenieros y la Cámara Minera de México (Camimex).
Armando Ernesto Alatorre, vicepresidente del Colegio de Ingenieros de Minas, Metalurgistas y Geólogos de México, dijo a MILENIO que de aprobarse sin modificaciones sustanciales generará un impacto negativo en la producción de metales industriales “abriendo un boquete enorme en el mediano plazo de hasta una tercera parte de la extracción”, es decir, alrededor de 108 mil millones de pesos en valor.
“Al reducirse la vigencia de las concesiones con solo una prórroga, las empresas se verán obligadas a buscar proyectos mineros de menor tamaño e inversión lo que impactará en la producción, proveeduría y exportaciones, perdiendo o apagando uno de los más importantes sectores de la economía”, explicó.
Mientras que el presidente de la Cámara Minera de México (Camimex), Jaime Gutiérrez, señaló que de aprobarse la iniciativa se dejarán de invertir más de 9 mil millones de dólares y se afectará a 30 por ciento de la planta productiva minera con repercusiones directas en 70 sectores como automotriz, farmacéutico, químico y de la construcción.
“La gran preocupación en general la vimos en una visita que tuvimos en Canadá como Camimex donde dejarán de invertir por lo pronto en México hasta no tener una claridad en la situación jurídica del país”, destacó.
Por ello urgió la necesidad de abrir el debate y piden al congreso más tiempo para poder presentar argumentos y negociar.
“Necesitamos tiempo para proveer un foro abierto con los argumentos de los especialistas. Vemos que quieren pasar esto como un fast track sin discusión y eso dará origen a muchos problemas de tipo jurídico y constitucional”, remarcó.
Ataque fuerte
El presidente de la comisión de Economía de la Cámara de Diputados, Jorge Inzunza Armas, contó que la iniciativa es un ataque muy fuerte a la minería que ocupa el primer lugar mundial en la producción de plata y se ubica entre los 10 principales productores de oro, cobre, cadmio, plomo, zinc, grafito y fluorita.
“Es una medida muy regresiva que significa que muera la inversión en el sector con lo que se afectarían miles de empleos y provocaría un gran declive en la producción de minerales industriales necesarios para la industria de la transformación”, dijo.
Apuntó que acabar con una de las principales actividades económica del país que contribuye con 2.5 del Producto Interno Bruto Nacional, sólo generará desempleo y más pobreza por lo que intentarán elaborar un dictamen equilibrado en materia ecológica y uso del agua que lejos de inhibir detone las inversiones pues la actividad minera tiene mucho que dar y la prueba está que tan sólo en 2021 el valor de las exportaciones sumaron más de 12 mil 100 millones de dólares, de los cuales 5 mil 740 millones correspondieron a envíos de cobre.
Además de ello, puntualizó, la industria minera pese a que no se han autorizado nuevas concesiones, contribuyó en 2022 con más de 69 mil millones de pesos en pago de impuestos con un crecimiento de 8.2 por ciento con relación al año precedente, fomentado principalmente por un crecimiento de 14 por ciento en la producción de oro y de 7.3 por ciento en la de plata.
El legislador enfatizó que la iniciativa tiene una implicación ideológica y no económica y que de aprobarse sin modificaciones sustanciales, sacará a México como jugador mundial en producción minera pues las empresas nacionales e internacionales dejarán de invertir por el acortamiento de las concesiones a sólo 15 años, cuando explorar una veta toma de 10 a 15 años.
Inzunza Armas explicó que la iniciativa enviada el 24 de marzo por el presidente Andrés Manuel López Obrador se encuentra en las Comisiones Unidas de Energía y Economía para su análisis y puntualizó que aunque el grupo mayoritario de Morena ha solicitado su inmediata dictaminación para subirla al pleno, convocarán a un parlamento abierto con sectores ambientalistas, expertos en minera y trabajadores a fin de elaborar una ley más perfectible a fin de evitar acabar con una de las industrias que más reditúa el país y genera enorme cantidad de empleos directos e indirectos.
Armando Ernesto Alatorre, vicepresidente del Colegio de Ingenieros de Minas, Metalurgistas y Geólogos de México, indicó que no se tiene claro a dónde conduce esta reforma a la Ley Minera cuando el sector es uno de los más dinámicos a grado tal que el valor de su producción pasó de 281 mil millones de pesos en 2020 a 334 mil millones de pesos en 2021 con un incremento de 19 por ciento, además de que genera divisas y da empleo directo a más de 406 mil personas, mientras los indirectos se estiman en 2.5 millones.
“Lo que está en riesgo además de empleos, divisas y reducción en pago de impuestos por un declive en la actividad, es la proveeduría al sector industrial, fundamentalmente a la industria de la transformación que demanda altos volúmenes de cobre, zinc y plomo que tendría que recurrir a las importaciones lo que conllevará a que aumente sus costos y pierda competitividad”, sentenció.
Mencionó que ya la industria minera cumple con 45 leyes distintas y 40 normas incluyendo las ecológicas y de protección al ambiente y que más que imponer más candados a la inversión con el pretexto de la protección ambiental y de los acuíferos, lo que se requiere a nivel federal y estatal es hacer cumplir esas normas con vigilancia eficiente y constante “porque contra lo que se supone, muchas de las empresas mineras tratan eficientemente sus descargas e incluso abastecen del líquido a comunidades cercanas, además de que de acuerdo a la Comisión Nacional del Agua, esta tipo de industria sólo consume el uno por ciento del agua nacional”.