El Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (Ceesp) advirtió que la iniciativa de reforma constitucional sobre la reducción de la jornada laboral de 48 a 40 horas semanales puede ejercer una presión sobre el costo laboral para las empresas que puede llegar a 40 por ciento o más y complicaría más la formalización laboral.
Añadió que además tendrá grandes implicaciones y su aprobación será perjudicial especialmente para las micro, pequeñas y medianas empresas Mipymes).
En su análisis semanal, el Ceesp explicó que más de la mitad de las personas ocupadas (54 por ciento), formales e informales, trabaja más de 40 horas semanales y, exclusivamente en el sector formal, la proporción es mayor, de 61 por ciento, por lo que el alcance de la ley sería muy elevado.
Abundó en que si la ley se aprueba, las empresas tendrán que ajustarse a ello de diversas maneras, dependiendo de la modalidad en la que trabajan quienes lo hacen por arriba del umbral de las 40 horas, como pagar horas extras, utilizar otros contratos para sustituir los actuales quizás con las mismas personas u otras, entre otras formas.
Sin embargo, apuntó el centro de estudios, bajo cualquier modalidad de ajuste, el costo para las empresas será significativo si se quiere mantener su ritmo actual de actividad y operación; de lo contrario, el efecto sería una reducción de sus actividades.
A nivel agregado, se afectaría la actividad económica y probablemente se generaría un exceso de demanda en los mercados, lo que ocasionará una afectación negativa sobre el crecimiento económico y el empleo y con impacto inflacionario.
Ejemplifica que si la ley que limita a 40 horas entra en vigor, una empresa en la que los empleados trabajan 48 horas por semana que decida continuar al ritmo de trabajo pagando horas extras para conservarlo, enfrentaría un aumento del costo laboral que podría llegar a 40 por ciento y sería muy superior si el número de horas extras es mayor.
El Ceesp indicó que posiblemente haya otras alternativas para moderar el aumento de costos que implica la iniciativa, aunque de todas formas serían onerosas y es probable que la variedad de opciones esté al alcance de las empresas grandes en mayor medida que las pequeñas y medianas.
Estimó que con relación a 2018, los costos laborales han crecido en poco más 60 por ciento en términos reales hasta 2023 y un aumento adicional como el que implicaría la restricción de horas de trabajo a 40 por semana elevaría adicionalmente los costos de forma significativa, lo que sin duda dañará más la competitividad de las empresas mexicanas, especialmente de medianas y pequeñas.
Además, el alcance y magnitud del aumento de costos que implicaría la iniciativa complicaría aún más la incorporación de trabajadores al sector formal del mercado laboral y es sabido que hay una relación entre la informalidad y la baja productividad de la economía.