Una mala evaluación de México por parte del Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi) podría traducirse en menor confianza de los inversionistas, un incremento en la percepción de riesgo del país, mayores costos de financiamiento e incluso presión sobre la calificación crediticia, advirtió Alondra Garza, especialista en prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo de Grant Thornton México.
La experta recordó que el país se encuentra actualmente en la quinta ronda de evaluación mutua del organismo internacional, encargado de fijar los estándares para combatir el lavado de dinero, el financiamiento al terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva.
Apuntó que el resultado de esta revisión trasciende el ámbito regulatorio porque envía una señal sobre la fortaleza institucional y la capacidad del país para proteger su sistema financiero.
“Una buena evaluación demuestra que México está comprometido con el combate a estos delitos y con mantener la integridad de su economía. Un resultado negativo implicaría mayores controles internacionales, menor confianza de los inversionistas, un aumento en la percepción de riesgo, posibles afectaciones a la calificación crediticia y un mayor costo del endeudamiento”, explicó a MILENIO.
El desafío ya no es legislar, sino demostrar resultados
Garza explicó que Gafi evalúa dos aspectos: el cumplimiento técnico —es decir, la existencia de leyes, autoridades y mecanismos de supervisión— y la efectividad, que mide si esas herramientas realmente generan resultados.
“Hoy ya no basta con tener regulación. El reto es demostrar que existen investigaciones, judicializaciones, decomisos, sentencias y desarticulación de organizaciones criminales”, señaló.
Afirmó que México cuenta con un marco legal sólido, pero deberá acreditar que sus instituciones son capaces de aplicar esas normas de manera efectiva.
“Nuestro principal desafío ya no es hacer más leyes, sino demostrar que las que ya existen funcionan y que realmente protegen al sistema financiero y a la economía”, sostuvo.
Entre los temas donde el organismo podría concentrar sus observaciones mencionó la identificación de beneficiarios finales, la supervisión de actividades vulnerables, el comercio exterior y el combate al financiamiento al terrorismo.
Empresas deben dejar de reaccionar cuando el problema ya ocurrió
Alondra Garza señaló que la evaluación también envía un mensaje al sector privado, que debe fortalecer sus procesos de debida diligencia y conocer con mayor profundidad a clientes, proveedores, socios y empleados.
“La primera pregunta que debe hacerse cualquier empresa es con quién se está relacionando. No basta con conocer al proveedor; también importa el origen de sus recursos, quiénes son sus accionistas y el destino del dinero que circula dentro de la organización”, explicó.
Añadió que las empresas necesitan una visión integral de toda su cadena de valor para reducir riesgos.
“El peor riesgo es el que ignoramos. En México todavía existe una cultura reactiva; actuamos cuando el problema ya ocurrió, cuando la prevención debería ser el eje de la estrategia”, afirmó.
Garza recomendó fortalecer controles internos, documentar procesos, aplicar políticas anticorrupción e implementar procesos permanentes de debida diligencia.