Cálculos del Centro de Estudios consideran que la disminución de un punto porcentual en el nivel de inversión privada podría incidir negativamente en 0.3 décimas de punto porcentual en el ritmo de crecimiento del PIB
La reforma al poder judicial y la desaparición de órganos autónomos puede reducir la inversión privada en México, lo que significará un menor crecimiento de la economía mexicana, expuso el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (Ceesp).
Cálculos del Ceesp consideran que la disminución de un punto porcentual en el nivel de inversión privada podría incidir negativamente en 0.3 décimas de punto porcentual en el ritmo de crecimiento del PIB, “esto sin duda tendría efectos sobre otras variables importantes para la economía”, dijo en su reporte semanal.
Tan solo el consejo de Empresas Globales, agrupación que aglomera a las principales empresas extranjeras en México, y que expresaron su preocupación por la reforma judicial, son empleadoras de más de 8 millones de mexicanos, es decir casi 36 por ciento de los empleos formales del país, por lo que cualquier cambio en sus capitales afectaría esta base laboral.
De las firmas que lo conforman Nestlé emplea más de 13 mil personas, la firma de telecomunicaciones AT&T cuenta con una planilla de 18 mil trabajadores y la aseguradora MetLife alrededor de 45 mil.
La firma automotriz General Motors cuenta con más de 20 mil trabajadores en México, mientras que PepsiCo tiene 51 mil colaboradores y HSBC 14 mil empleados
“La sola reducción en la inversión privada implicaría dejar de crear poco más de 60 mil empleos. El menor avance del PIB total en un punto porcentual representaría dejar de crear 200 mil nuevos puestos de trabajo”, explicó el Ceesp.
Respecto a las cuentas públicas, una disminución de un punto porcentual en el crecimiento del PIB por la menor inversión privada inhibiría un aumento de los ingresos tributarios en aproximadamente 53 mil millones de pesos.
“La cifra no es trivial si se considera que para 2025 el gasto deseable para el programa de atención a la salud es de 50.8 mil millones de pesos y para el de Becas de Educación Básica para el Bienestar Benito Juárez es de 51.8 mil millones”, expuso.
En cuanto al ambiente de negocios, el Cese señaló que existirá mayor incertidumbre para el ambiente de negocios, pudiendo reducir los niveles de inversión total en el país.
Recordó que las actividades productivas del sector privado, junto con su inversión, generan 85 por ciento del PIB y un porcentaje similar del empleo.
“Es claro que un ambiente de negocios menos atractivo, que es lo que se avizora con una sobrerrepresentación que apruebe, entre otras reformas, el llamado Plan C, seguirá causando un aumento significativo de la incertidumbre, mayor cautela de la inversión, y un menor optimismo sobre la evolución de la actividad económica”, comentó.
Por lo que un entorno como ese llevaría a desaprovechar la oportunidad que ofrece el nearshoring y limitar cualquier otra intención de invertir.
“Es importante tener en consideración que la reforma al poder judicial que propone la administración se contrapone con el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), dado que un requisito esencial del tratado es contar con un sistema judicial independiente.
“Por lo que es importante tratar de establecer parámetros de los posibles efectos económicos que podría tener el país”, finalizó.