Los gobiernos de México y Estados Unidos acordaron un curso de remediación con la empresa Draxton, ante el caso de denegaciones a los derechos laborales en la fábrica de Irapuato, Guanajuato.
Esta es la quinta vez que ambos gobiernos han acordado un curso formal de remediación bajo el mecanismo de respuesta rápida (MRR) del T-MEC, solicitado por el gobierno estadunidense en contra de México en 11 ocasiones.
A través de un comunicado, la oficina de la representante comercial de Estados Unidos, Katherine Tai, reconoció al gobierno mexicano por su continua colaboración en el desarrollo de acciones integrales para remediar la denegación de derechos bajo el MRR y futuras violaciones en la instalación de Draxton.
En este plan México se compromete a reintegrar a un trabajador despedido por actividades sindicales y que no habrá discriminación, hostigamiento, intimidación, amenaza o violencia en su contra. Además de darle la totalidad de su salario retroactivo y beneficios desde la fecha de despido hasta la fecha de reincorporación.
También, publicar, difundir y acatar una declaración pública por escrito, en la que Draxton se compromete a garantizar el respeto de los derechos de libertad de asociación y negociación colectiva, y afirmar su neutralidad en las opciones sindicales de los trabajadores.
Así como capacitar a todo el personal de empresas y representantes sindicales sobre la declaración pública y las pautas, implementar una política de tolerancia cero para las violaciones de las pautas y la declaración de neutralidad.
“Este curso de remediación requiere la reincorporación de un funcionario sindical que fue despedido ilegalmente por defender a los trabajadores y ayudará a fomentar un lugar de trabajo productivo. El gobierno de México ha sido un socio destacado y esperamos seguir colaborando en este caso. Estados Unidos seguirá de cerca la implementación del plan”, aseguró Tai.
Fue el 31 de mayo que el gobierno estadunidense solicitó la revisión del caso en Draxton de Guanajuato por la libre asociación y negociación colectiva en las instalaciones, solicitud que incluía preocupaciones por supuestos despidos y represalias a un funcionario sindical de los trabajadores que no recibieron su contrato colectivo de trabajo.
México aceptó esta solicitud y concluyó que los trabajadores de la instalación se les niega su derecho a la libertad de asociación y negociación colectiva.
AMP