La Secretaría de Economía informó que, en representación del Estado mexicano, ganó un arbitraje ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) del Banco Mundial, iniciado por la firma Silver Bull Resources, la cual presentó una reclamación en contra del país por 315 millones de dólares.
Se detalló que el caso de Silver Bull inició cuando, a través de su filial Minera Metalín, adquirió entre 1996 y 2002 diversas concesiones mineras en Sierra Mojada, Coahuila, donde, según la empresa, desde septiembre de 2019, una cooperativa minera local con el supuesto apoyo de autoridades locales, frustró el desarrollo de un proyecto minero, motivo por el cual empezó el procedimiento en el organismo internacional.
La dependencia indicó que el Estado mexicano argumentó que las autoridades de Coahuila actuaron razonablemente frente al conflicto social provocado por Silver Bull con pobladores de Sierra Mojada, que las reclamaciones estaban prescritas o fuera del alcance del
Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), y que Silver Bull no contaba con la capacidad técnica y financiera requerida para poner en marcha el proyecto.
Posteriormente, el 29 de mayo pasado, el Tribunal Arbitral por unanimidad resolvió el caso a favor de México. En su decisión, el Tribunal rechazó la acusación de que el Estado mexicano promovió el bloqueo del proyecto.
“El Tribunal consideró que no tenía competencia para resolver el caso, por lo que desestimó en su totalidad las reclamaciones presentadas por Silver Bull. De igual forma, el Tribunal determinó que los hechos invocados por la empresa ocurrieron fuera del periodo en el que podían ser analizados bajo el TLCAN”.
“Asimismo, el Tribunal ordenó a Silver Bull reembolsar a México una suma relevante por concepto de gastos y costos del arbitraje”, informó la Secretaría de Economía.
En el arbitraje, México fue representado por funcionarios de la Dirección General de Consultoría Jurídica de Comercio Internacional de la Subsecretaría de Comercio Exterior, con el apoyo de las firmas Tereposky & DeRose LLP y Pillsbury Winthrop Shaw Pittman LLP.
“Con esto, el Estado mexicano logró una victoria sumamente relevante que fortalece la certeza jurídica en materia de inversión internacional, al confirmar los límites de las obligaciones asumidas por México bajo tratados internacionales y dejando en claro que los hechos en controversia no eran atribuibles al Estado mexicano”, concluyó la Secretaría
DCP