La agencia calificadora Moody’s Investors Service alertó que la incertidumbre de políticas es el principal riesgo que enfrenta la inversión en proyectos renovables y gasoductos, y para fomentarla se requerirá de claridad sobre el futuro de las energías renovables y el papel que jugará la inversión privada, a pesar de la solución que se dio a la renegociación de los contratos de los gasoductos.
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En un documento, señaló que, normalmente se desacelera la inversión en infraestructura cuando entra en funciones una nueva administración, y la inversión fija bruta ha caído desde 2018, pero el retraso de las inversiones en el sector eléctrico pudiera limitar la también típica reversión de esta tendencia.
Moody’s explicó que los proyectos renovables que están en construcción iniciarán operaciones, pero los cambios en la política del gobierno federal dan menos claridad, o certidumbre, para proyectos futuros a partir del 2021.
Agregó que esto se debe a que el gobierno todavía está por definir su agenda para la generación de energías renovables, considerando la cancelación de la cuarta subasta que hiciera al entrar en funciones.
Así, abundó la agencia, debido a la falta de claridad en cuanto al nuevo programa de proyectos para 2021 y en adelante, la inversión en energía renovable en México enfrenta por ahora un vacío que afecta no nada más las oportunidades de negocio, sino también cuestiona la capacidad del país para cumplir sus compromisos de energías limpias.
Destacó que el hecho que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) se haya desistido del arbitraje legal en contra de varios operadores de gasoductos podría ayudar a recuperar confianza en el mercado, pero todavía no existe claridad sobre el papel que jugará la inversión privada en el sector eléctrico.
Moody’s añadió que CFE y los constructores de gasoductos, incluyendo IEnova y TC Energy, iniciaron una disputa en junio respecto a la obligación de CFE de hacer ciertos pagos fijos a los constructores aún y cuando el proyecto sufrió retrasos inevitables de la construcción. El acuerdo establece un nuevo esquema de tarifas y extiende la vida de los contratos bajo términos que no cambian significativamente las tarifas internas de retorno de los proyectos, ni tocan otras cláusulas de los contratos.
MRA