En 2020, el gasto en salud pública en las entidades federativas aumentó significativamente en respuesta a la pandemia del covid-19 y eso incrementó su presión financiera, en un momento en el que muchos gobiernos locales y regionales también enfrentaban una disminución o un estancamiento de los ingresos, advirtió la agencia calificadora, Moody’s Investors Service.
En un documento, refirió que los estados que analiza aumentaron 15 por ciento el gasto no etiquetado en salud pública, financiado con transferencias no etiquetadas e ingresos propios, y esto superó ampliamente el crecimiento promedio de 3.2 por ciento del gasto operativo total.
Moody’s explicó que el año pasado el gasto en salud pública se convirtió en uno de los motores principales de la ampliación del déficit operativo, junto con la extensión de los subsidios y las exenciones tributarias, en un esfuerzo por apoyar a las economías regionales.
En 2020, añadió, los estados no recibieron transferencias federales extraordinarias significativas para cubrir los gastos relacionados con la pandemia, sino que el gobierno federal aumentó directamente el gasto de la Secretaría de Salud en 26 por ciento; no obstante, muchos gobiernos regionales respondieron con iniciativas propias dirigidas por los estados, con impactos diferentes sobre las finanzas públicas.
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Por ejemplo, abundó, Nuevo León aumentó su gasto no etiquetado en salud pública en un 108 por ciento y Tlaxcala en 114 por ciento. Otros estados, como Veracruz y Oaxaca, redujeron el gasto no etiquetado en salud de la administración central, aunque estos recortes fueron compensados en cierto modo por un aumento del gasto etiquetado, financiado con transferencias etiquetadas.
En este contexto, detalló la agencia, el aumento del gasto sanitario fue destinado a una serie de necesidades que van desde la compra de equipos de protección personal y materiales de desinfección, hasta pruebas de covid-19, pago de personal y equipo médico, incluyendo respiradores.
En este contexto, indicó, el aumento del gasto no etiquetado en salud pone de manifiesto el impacto crediticio de una pandemia, la cual es un riesgo social, en un entorno en el que los estados mexicanos han dependido históricamente de las transferencias federales para cubrir una gran parte de sus necesidades en materia de salud pública, pero muchos se han visto en la necesidad de autofinanciar el aumento del gasto, a menudo mediante la reasignación de recursos de otros rubros del presupuesto.
Escenario para 2021
Así, el escenario ante las nuevas cepas del virus pueden incrementar el gasto y si bien la presión sobre el gasto en salud pública debería ser menor, dado que el presupuesto de salud en general de los estados (incluyendo gastos etiquetados y no etiquetados) se ha reducido en un 6 por ciento, Moody’s calculó una mediana de 1.2 por ciento del superávit operativo entre los estados calificado.
Nuevas olas de contagio podrían provocar un resurgimiento de la presión del gasto en salud pública similar a lo observado en 2020 y debilitar nuevamente los balances operativos brutos.
AMP