El Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (Ceesp) consideró que la decisión de Elon Musk por llevar su planta de Tesla en Nuevo León, se debe a que la región del norte del país tiene mejores condiciones e infraestructura que el sur sureste.
En su análisis semanal, el organismo del sector privado dijo que si se requiere llevar más capitales a esta región del país se debe trabajar en mejor infraestructura, logística, comunicaciones, conectividad, seguridad de energía eléctrica, regulaciones adecuadas y estado de derecho, además de actitud positiva de autoridades y población ante la inversión.
El Ceesp indicó que las inversiones del sector automotriz se llevan a cabo en una región que pudiera llamarse el “corredor” TLCAN o TMEC, es decir, de Puebla hacia el norte.
“La decisión e insistencia de Tesla confirma entonces la preferencia geográfica de muchas otras”, indicó el organismo.
El Ceesp afirmó que en el norte del país las condiciones son mejores que las de los estados del sur, por cuestiones de infraestructura, conectividad y logística, entre otras, y, por otro, de la actitud de las autoridades y la población hacia la inversión y la modernidad han sido más positivas.
“Evidentemente, para el desarrollo del Sur-Sureste, ausente desde el comienzo del desarrollo industrial relacionado con el TLCAN, sería deseable que las inversiones se llevaran a cabo ahí”, indicó.
“Varios de esos elementos son de inversión pública, que ha caído sustancialmente, salvo en los proyectos insignia del sector público se han concentrado en unos cuantos como el Aeropuerto Felipe Ángeles, el Tren Maya y la refinería de Dos Bocas”, afirmó el Ceesp.
Cabe subrayar una vez más que es probable que el valor neto para la población de esos proyectos sea negativo a la larga, convirtiéndose en “elefantes blancos” -como el AIFA ya parece ser-, ya que carecen de los estudios de rentabilidad social que exige la ley de presupuesto, señaló.
El organismo afirmó que el costo de los proyectos de inversión insignia del gobierno ha sido sustancial y, para sufragarlos sin afectar las finanzas públicas de manera exagerada, se han escatimado recursos para otros fines que muy probablemente serían más necesarios para el bienestar de la población como salud, seguridad y educación públicas, entre otros.