Sin inversión pública que realmente incida en la actividad productiva y en proyectos con alta rentabilidad social y económica simplemente se inhibe el interés por invertir por parte del sector privado, lo que limita la competitividad del país y retrasa cualquier propósito de crecer, explicó el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (Ceesp).
En su reporte semanal expuso que la falta de una infraestructura suficiente y moderna que reduzca significativamente los costos de transporte y de una política de energía eficiente que garantice la operación del sector productivo han hecho más cautelosa la inversión.
“Sin embargo, es un hecho que la condición necesaria para la prosperidad es un Estado de Derecho que garantice reglas claras y justas que impulsen la inversión productiva a través de una regulación eficiente que estimule la operación de las empresas ya establecidas, la creación de nuevas, especialmente de las micro, pequeñas y medianas empresas, así como a los nuevos emprendedores”, remarcó.
En ese sentido, el Ceesp dijo que es fundamental la existencia de órganos autónomos que se ocupen al máximo de la vigilancia e instrumentación de las políticas necesarias que aseguren un ambiente de legalidad.
“Esto no solo beneficia a la inversión sino a toda la población puesto que facilita un entorno de mayor empleo formal y mejor remunerado, mayor seguridad pública, un eficiente sistema de salud y educación, así como de menor corrupción y mayor transparencia, entre otros factores de importancia”, explicó.
Apuntó que la posición del gobierno es fundamental en este entorno, toda vez que es el responsable de establecer y vigilar el mejor entorno posible.
“Sin embargo, su oposición a los órganos autónomos y antagonismo a la participación en sectores estratégicos por parte del sector privado han complicado seriamente la posibilidad de lograr un ambiente mucho más amigable para la inversión”, destacó.