Luego de que el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador envió a los titulares de los organismos empresariales una carta compromiso, en la que pide que estos acepten las modificaciones en materia de outsourcing o subcontratación a más tardar hoy, la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra) reveló que no hay un consenso definido al interior del sector privado para respaldar los cambios.
En videoconferencia de prensa el titular del organismo Enoch Castellanos, aseguró que en caso de hacer mal las modificaciones al outsourcing se verán afectados miles de empleos en el país, por lo que será responsabilidad de los actores que permitieron los cambios estipulados en la propuesta del gobierno.
“Hasta el momento lo que ha trascendido en medios, porque lo filtró el propio gobierno federal, fue la propuesta que le hace a los empresarios, y de la cual se nos pide que lo tomemos o lo dejemos, estoy en posibilidades de decir a nombre de Canacintra, no hay el consenso interior para apoyar esta propuesta”, aseveró.
Explicó que si bien hay un compromiso de avance en desaparecer la figura del insourcing, “pero también ligar un tope con el Participación de los Trabajadores en las Utilidades (PTU), estamos dejando descubiertos la subcontratación de las micro, pequeñas y medianas empresas (MiPymes) que no tienen otras empresas creadas como los grandes corporativos que sí tienen esquemas de insourcing”.
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En ese sentido detalló que “el insourcing es la creación de una empresa filial dentro de un grupo que administre el personal de un centro de trabajo y de una planta que no tiene empleados y esto es con la intención de tener una disminución en el pago del PTU. Lo que estamos buscando es que se ligue a esquemas de productividad”.
Castellanos destacó que el impacto que van a tener este tipo de negocios al desaparecer la figura de la subcontratación legal va a ser mayúsculo en ciertos sectores, “concretamente en la frontera norte donde hay muchas empresas asentadas con este esquema”.
“Si no hacemos esto bien, de manera inmediata se perderían 500 mil empleos en diciembre, y podrían perderse otros 500 mil empleos en enero, únicamente en la transición de las empresas de una razón social a otra; cálculos, primas de riesgo; incorporación de sistemas administrativos de una empresa a otra, en el cambio se irían muchos trabajadores, esto hay que decirlo, y eso sería únicamente responsabilidad de quienes empujen a fuerza esta ley sin considerar a los sectores productivos”, advirtió.
Confió en que el sector empresarial haga una negociación en conjunto, “analizando todos los intereses de quienes ahí estamos representados, y que finalmente hay sensatez en el gobierno federal, para el tema de la subcontratación se discuta suficiente en las Cámaras, se logren generar los consensos para que tengamos una legislación que sí castigue a quienes explotan a los trabajadores y abusan de ellos, pero que de ninguna manera quiera golpear y restar productividad a las empresas que lo hacen legalmente”.
El documento que envío el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador no lo firmarán, el Consejo Nacional Agropecuario (CNA), la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) y la Canacintra.
AMP