La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) publicó hoy un tratado multilateral para sustituir a una combinación de impuestos nacionales sobre los servicios digitales si es ratificado por un número suficiente de países.
La publicación del texto pone bajo presión especialmente a Estados Unidos, donde se necesita una mayoría de dos tercios en el Senado, profundamente dividido, para ratificar los tratados.
El documento es el primer pilar de una revisión en dos partes de las normas para la fiscalidad transfronteriza de las empresas multinacionales, acordada en 2021 por casi 140 países, pero cuya aplicación está resultando lenta y complicada.
Disputa fiscal
Muchos países se quejan de que el fragmentado sistema fiscal mundial permite a las multinacionales —en particular a las grandes tecnológicas estadunidenses— pagar pocos impuestos en las jurisdicciones donde obtienen grandes ingresos, por lo que algunos han introducido sus propios impuestos digitales, a pesar de la oposición de Washington.
El tratado codifica la forma en que los Estados deben reasignar los derechos fiscales sobre unos 200 mil millones de dólares en beneficios de las multinacionales más grandes y rentables a los países donde se producen sus ventas.
La OCDE, con sede en París, calcula que la reasignación generará unos ingresos fiscales mundiales adicionales de entre 17 mil y 32 mil millones de dólares, siendo los países de renta baja y media los que más ganarán.
Si se ratifica, el tratado exige que los países que tengan o planeen tener impuestos nacionales sobre los servicios digitales los eliminen.
Washington es especialmente sensible a esta cuestión, ya que muchos de estos impuestos se establecieron pensando en grandes empresas digitales estadunidenses como Google, Amazon y Apple.
Para entrar en vigor, los 30 países que albergan al menos 60 por ciento de las empresas multinacionales afectadas tienen que ratificar el tratado, lo que significa que Estados Unidos tiene que subirse al tren.
La responsable de fiscalidad de la OCDE, Manal Corwin, dijo que la no ratificación del texto podría acarrear "graves consecuencias" y no sólo porque podría desencadenar una proliferación en el uso de impuestos sobre los servicios digitales y represalias comerciales.
"En mi opinión, también amenaza la estabilidad del sistema internacional en general, del que tanto los países como las empresas han dependido durante mucho tiempo", dijo Corwin a los periodistas.
El segundo pilar del acuerdo mundial de 2021 sobre el impuesto de sociedades establece un tipo impositivo mínimo del 15 por ciento, que los países deben empezar a aplicar a partir del próximo año.
MRA