Oposición a "fracking" en SLP y Coahuila

Productores agrícolas, legisladores y activistas de San Luis Potosí y Coahuila rechazaron la práctica de fracking tras argumentar que se violan los derechos humanos: a la vida, la alimentación, a la salud, al medio ambiente sano y al agua. Aseguraron que existe “un riesgo muy alto de contaminación a los mantos acuíferos”, además de que detrás hay intereses económicos “muy poderosos”.

En tanto, la presidenta de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra) en Durango, Magdalena Gaucín, pidió que el tema sea analizado por expertos para no caer en situaciones que compliquen la participación de México en organismos internacionales, pues una decisión así afectaría al país.

Lo anterior, luego de que el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, se pronunció en contra de esta forma de extracción de hidrocarburos, reiteró que se debe cuidar el ambiente y buscar el desarrollo sustentable.

Por ello, productores agrícolas de distintos municipios de la Huasteca reiteraron que mantienen su oposición al método de extracción de hidrocarburos por medio de fractura hidráulica.

Durante la visita que el pasado 5 de octubre realizó el Presidente electo, integrantes de estas organizaciones le entregaron un manifiesto en contra de dicha práctica y le pidieron que no respalde proyectos de esa índole en la región.

En esa ocasión, el tabasqueño recalcó que durante su sexenio no habrá fracking en México ni tampoco en la Huasteca potosina.

El asesor de la Coordinadora de Organizaciones Campesinas e Indígenas de la Huasteca Potosina, Rogel del Rosal Valladares, reclamó que haya complicidad entre los gobiernos estatal y federal. “El gobierno estatal debió en su momento de haber actuado y meter juicios de inconstitucionalidad y el propio Congreso también, pero no, han sido omisos, han permitido que suceda eso”.

Subrayó que esta práctica atenta contra los derechos humanos: “Exigimos que se tome una postura firme y que el Congreso del estado asuma el compromiso de hacer un debate y construir una iniciativa de prohibición del fracking en San Luis”.

Del Rosal Valladares dijo que los proyectos que presuntamente estén firmados por Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Secretaría de Energía con empresas extranjeras para operar en Tamaulipas y Veracruz afectan a municipios de la Huasteca en una extensión de aproximadamente 400 kilómetros.

En tanto, en Coahuila, un estado con un alto potencial para la generación de energías, tanto renovables como no renovables, existe una oposición marcada en relación a la extracción del Gas Shale a través del método de fracking.

A principios de octubre surgió la Alianza Coahuilense contra el Fracking, encabezada por el diputado federal del PAN Evaristo Lenin Pérez, el diputado local de Unidad Democrática (UDC), Alejandro de Hoyos; el Regidor, Rodolfo Garza; así como activistas de al menos seis agrupaciones de todas las regiones de la entidad, con el objetivo de impedir que se implemente esta práctica.

Pérez Rivera expresó que el principal motivo de la oposición a esta práctica es que detrás de ella existen intereses económicos “muy poderosos”, aunque señaló que sí es posible extraer gas en Coahuila, aunque echando mano de otro tipo de métodos.

“No mediante el fracking, que es la fractura hidráulica que requiere de grandes cantidades de agua, hasta 30 millones de litros de agua por pozo y que además tiene un proceso con un riesgo muy alto de contaminación a los mantos acuíferos, que genera problemas de salud”, dijo.

Destacó que las utilidades de la extracción del gas shale a través del fracking será para las empresas extranjeras y la derrama económica para la región será mínima, contra una gran devastación que quedará en los municipios donde se realice.

En este contexto, Magdalena Gaucín señaló que la intención Andrés Manuel López Obrador, sobre eliminar el proceso de extracción de hidrocarburos, debe ser analizada a fondo por especialistas en el tema.

Dijo que antes de modificar o cambiar algo, se tiene que analizar bien desde qué punto de vista es, o qué tipo de contrato son; subrayó que se le debe dar a los empresarios confianza, porque cuando se firma un tratado siempre se debe respetar el estado de derecho.

“El mensaje que debe dar el gobierno federal es respetar las leyes y una vez que se revise y analice, entonces llegar a ver cuándo podría terminar, pero mediante acuerdos”, reconoció.

Gaucín aseguró que, si este proceso produce daños, se tienen que ver y analizar de qué forma se pueden alcanzar acuerdos, recordando que hay tratados internacionales de por medio que no pueden desecharse de manera unilateral, “creo que a la hora que se firmó este contrato se debió haber realizado todos los estudios internacionales para no caer en contradicciones, México tiene tratados internacionales de medio ambiente y sustentabilidad”, apuntó.

Ante esta situación y luego de ser cuestionada sobre la posibilidad de que México pudiera enfrentar una situación crítica e inclusive diplomática en caso de que el próximo gobierno decida cancelar este método, insistió en que primero se tiene que revisar, incluso si viene del Congreso, se tiene que agotar el procedimiento y que el Senado revise los tratados de México.