Hogan Lovells, el despacho y consultora internacional, aseguró que sí habrá empresas en México que al resultar afectadas por las modificaciones al outsourcing o subcontratación, presentarán amparos contra la nueva ley y que lo harán de manera individual pese al acuerdo entre gobierno, sector privado y trabajadores.
Durante el foro Aspecto legal de la Reforma a la ley de outsourcing en México, el socio de Hogan Lovells y especialista en derecho laboral, Luis Ricardo Ruiz Gutiérrez, refirió que modificar la fracción 127 de la Ley Federal del Trabajo sobre el tope de tres meses al Reparto de Utilidades (PTU), va a generar controversias y confusiones, derivando en impugnaciones por sindicatos o el personal no sindicalizado.
“Creo que sí es factible que vayan a existir empresas que presenten amparos en contra de esta reforma, evidentemente hay compañías que se ven seriamente afectadas. Los amparos se van a presentar individualmente por las empresas, por lo que el hecho de que empresarios y sindicatos, hubieran estado de acuerdo con la reforma, eso no les limita el derecho a las compañías de impugnar en los términos de la reforma”, afirmó.
Expuso que para que el sector privado presente las impugnaciones, sería mediante una demanda de amparo, que de acuerdo con los plazos que establece la ley sobre una demanda de esta naturaleza, es de 30 días hábiles desde la fecha que entró en vigor.
“Así se podría presentar la demanda de amparo, si lo que impugna es el primer acto de ejecución cuando, donde la autoridad pretendiera hacer exigible algún incumplimiento, en ese momento se presentaría el derecho para presentar una demanda de amparo, de ahí serían 15 días”, explicó.
¿Cómo se implementará el PTU?
El especialista indicó que para implementar el PTU, se debe basar respecto al año fiscal 2020, ya que es el PTU que se tiene que repartir, y que deberá seguir conforme las bases que estaban en vigor al cierre del ejercicio de ese año, es decir antes de la reforma.
“Posteriormente, derivado del resultado del ejercicio de 2021, se tendrán que hacer los cálculos en cada empresa, precisamente para obtener la cantidad que corresponda a cada trabajador”, detalló.
Continuarán prácticas de simulación
Para Mary Carmen Fuertes Abascal, consultora laboral en Hogan Lovells, siempre existirán empresas que decidan no cumplir con la ley, y de alguna forma realizar simulaciones.
“Al final si una empresa paga los mínimos de ley, es estar en cumplimiento si da prestaciones, yo creo que la informalidad seguirá. Al incrementar las penas y sanciones, creo que existe un incentivo fuerte para dejar de realizar ciertas simulaciones aunque empresas o personas que no cumplan van a seguir existiendo”, comentó.
MRA