El 17 de abril ya entró en vigor el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil, el cual busca obtener los datos personales y biométricos de todos los usuarios de celulares para ubicar a los delincuentes que utilizan estos dispositivos como herramienta en extorsiones telefónicas, secuestro, trata de blancas, entre otros actos ilícitos.
El objetivo del padrón será ayudar a las autoridades competentes en materia de seguridad y justicia a ubicar a las personas que utilicen líneas telefónicas para la comisión de delitos.
Sin embargo, de acuerdo con un recorrido realizado por MILENIO los usuarios aún desconocen su entrada en vigor. La Ley establece que el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), tiene un plazo de ciento ochenta días naturales a partir de la publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF) para emitir las disposiciones administrativas de carácter general para su implementación.
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Gonzalo Morales Torres, usuario de telefonía móvil Telcel, dijo a MILENIO que para recuperar su chip después del robo de su celular, en el centro de distribución al que acudió, sólo le solicitaron los datos habituales: identificación e información sobre los números más frecuentes a los que ha llamado últimamente, no le mencionaron nada sobre registrar número de línea, fecha y hora de activación, RFC, CURP, nacionalidad o sus datos biométricos, como el registro de huellas dactilares, rasgos faciales e iris.
Previamente, AT&T dijo que consideran que “hay otros mecanismos más efectivos y menos complejos de implementar para combatir las llamadas de extorsión, así como creemos que la tecnología brinda herramientas valiosas para hacerlo”.
En un sondeo realizado por MILENIO para saber la opinión de los usuarios de telefonía móvil sobre el padrón nacional, la mayoría de la gente desconocían su existencia y que tienen un plazo de dos años para hacer su registro, o su línea será cancelada definitivamente sin oportunidad de reactivación, pago o indemnización alguna.
Gerardo Soria, presidente del Instituto del Derecho de las Telecomunicaciones (IDET), estima que al cabo de dos años, “las telefónicas se verán obligadas a cortarle el servicio a decenas de millones de clientes, unos 50 o 60 millones”, dice, al considerar que en México hay 80 por ciento de usuarios de prepago, de los cuales no hay registro.
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Entre los usuarios hay opiniones encontradas. “No creo que funcione; la gente que se dedica a esto, con que quite, cambie y destruya chips lo seguirá haciendo, no hay un alto total con hacer un registro tan exhaustivo”, opina Gabriel Palestino, usuario de telefonía móvil.
En cambio, la usuaria Ruth Rodea Esquivel declaró: “Yo creo que sí funcionaría, puede estar bien porque están buscando evitar delitos y siento que si lo hacen de una buena manera, sí estaría dispuesta a compartir mis datos, si me aseguran que los usarán con este fin de prevenir y no con hacer mal uso de ellos”.
La vulnerabilidad de los datos personales y biométricos es una preocupación entre los usuarios, aunque las autoridades afirman que la información será de carácter confidencial y reservada por el Instituto Federal de Telecomunicaciones, además la protegerá el Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos.
El director general de The Competitive Intelligence Unit (CIU), Ernesto Piedras, considera que la creación del padrón es “una buena intención muy mal diseñada que sí puede tener perjuicios notorios en la base de datos y causa mucha incertidumbre compartir tus datos biométricos y personales con quien ha demostrado reiteradamente no tener buena administración de esas bases de datos”.
“Ya de por sí quieren saber todo de nosotros, no sé si eso sea constitucional o sea anticonstitucional, la realidad es que siempre terminan haciendo lo que ellos quieren”, recrimina el usuario Gabriel Palestino.
AMP