El procurador Fiscal de la Federación (PFF), Carlos Romero Aranda, informó que tras la reforma en materia de subcontratación laboral, mejor conocida como outsourcing, se han presentado denuncias y con éstas se ha podido asuntos judicializados, que han llegado a tener 15 órdenes de aprehensión.
“Ya hay varias de esas cabezas en la cárcel, ya con prisión preventiva, lo importante es que los tengamos en la cárcel, pero lo más valioso de este esquema es que como estuvieron denunciados por lavado de dinero y delincuencia organizada, estas empresas y personas físicas están en la lista de personas bloqueadas y, por lo tanto, no pueden tener cuentas bancarias, no pueden tener cuentas en el sistema financiero”, refirió.
Durante su participación en el 27° Foro nacional de especialistas en seguridad social - FONESS, el procurador fiscal añadió que estas personas físicas y morales ya no pueden tener clientes y todos los clientes que tenían, dejaron de atenderlos; además, se presume que todos los trabajadores pasaron a las estructuras propias de la empresa.
“Con esta reforma va a ser el regresar como un acto de justicia social a los trabajadores, a la nómina y poder tributar como debe de ser, el poder tener aspiración a tener una pensión digna, un crédito hipotecario justo”, dijo.
Asimismo, añadió, “los resultados son palpables, cuando los hechos hablan, las palabras sobran, de los últimos números que presentó la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), ya eran 1 millón 900 mil trabajadores los que habían regresado a su planta laboral adecuada; es decir, a la empresa que los contrató”, apuntó.
La PFF calcula que había 4.6 millones de trabajadores en el esquema de tercerización o outsourcing; de todas las empresas que tenían a los 4.6 millones de trabajadores, sólo 900 tenían el registro ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social; de esas 900, sólo 100 tenían registro patronal ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y sólo 40 pagaban impuestos.
MRA