Mientras la población mexicana envejece, las empresas mantienen barreras para contratar, promover y conservar a trabajadores mayores de 50 años, debido a prejuicios sobre su capacidad de adaptación y aprendizaje, así como a la percepción de que representan un mayor costo salarial, advirtieron especialistas.
Los resultados de la Encuesta Intercensal 2025 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) muestran que la edad mediana de la población pasó de 29 años en 2020 a 32 años en 2025, lo que refleja una transformación demográfica que también plantea retos para el mercado laboral.
En entrevista con MILENIO, Claudia Calvin Venero, especialista en longevidad y creadora del movimiento Silverpreneur, sostuvo que las compañías mexicanas no adaptan sus políticas de contratación, capacitación y promoción profesional para aprovechar las capacidades de una fuerza laboral más longeva y que aumentará con el tiempo.
“El edadismo es un desperdicio, más allá de un tema de discriminación, es un desperdicio de talento gigantesco y las empresas no lo acaban de entender. Seguimos con esta lógica de que si alguien tiene más de 50 años y busca trabajo, pobre viejita, pobre viejito”, expresó.
La también fundadora de Mujeres Construyendo señaló que incorporar personas mayores a una plantilla no significa necesariamente que una empresa tenga una política de inclusión, pues también debe ofrecer oportunidades de desarrollo, movilidad interna y participación en puestos de toma de decisiones.
“A las empresas no les cae el 20. Ven la edad como un dato demográfico. Hay más personas mayores, sí, pero tú qué vas a hacer si no entiendes que ese es el perfil de la sociedad en la que vas a trabajar y no adaptas ni tu estructura de recursos humanos, ni de toma de decisiones, ni capacitación a esto”, explicó.
Por ello, consideró necesario que las organizaciones identifiquen las fortalezas y los conocimientos de sus trabajadores para impulsar su desarrollo profesional, en lugar de limitar sus estrategias a cursos de actualización tecnológica o a medidas aisladas de inclusión.
Empresas privilegian ahorro salarial sobre experiencia
Por su parte, Luis Garza Hoth, fundador y presidente de Entrecanos, advirtió que algunas compañías promueven la salida anticipada de trabajadores desde los 45 años, bajo la percepción de que contratar personal más joven representa un menor costo salarial.
En entrevista con MILENIO, explicó que estas decisiones pueden provocar la pérdida de conocimientos adquiridos durante años de trabajo, además de obligar a las empresas a invertir tiempo y recursos en capacitar a quienes sustituyen al personal experimentado.
“A veces por la creencia de que los mayores ya no podemos aprender, no nos podemos adaptar. Y también hay otra razón principal, porque resulta que nos resultamos caros y no se dan cuenta que la experiencia que tenemos le da valor a lo que estamos haciendo”, indicó.
El especialista cuestionó que las compañías consideren únicamente el costo salarial al decidir la permanencia de sus empleados, sin valorar los conocimientos que han acumulado durante cinco, 10, 15 o 20 años.
La salida del empleo formal también puede afectar las cotizaciones para el retiro, especialmente cuando las personas mayores encuentran dificultades para reincorporarse al mercado laboral.
Más de 2 millones de trabajadores mayores están en el campo
Las condiciones laborales de la población de mayor edad también se reflejan en las actividades agropecuarias. Durante el segundo trimestre de 2026, las personas de 55 años y más representaron 32.7 por ciento de los trabajadores del sector primario, de acuerdo con la Dirección General del Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera, con datos del Inegi.
En ese periodo, el sector registró 6 millones 159 mil 248 trabajadores, por lo que aproximadamente 2 millones correspondieron a personas de 55 años y más, dedicadas a actividades agrícolas, ganaderas, forestales y pesqueras.
Además, Data México, plataforma de la Secretaría de Economía, reportó que durante el primer trimestre de 2026 había 682 mil personas de entre 55 y 64 años ocupadas en actividades agrícolas y ganaderas. De ellas, 563 mil, equivalentes a 82.6 por ciento, trabajaban en la informalidad, frente a 119 mil que tenían empleos formales.
Estas cifras corresponden a universos laborales distintos y no miden directamente la discriminación por edad en las empresas. Sin embargo, permiten dimensionar las condiciones de una parte de la población mayor que continúa trabajando.
Mujeres enfrentan obstáculos adicionales
Calvin Venero agregó que las mujeres mayores de 50 años enfrentan barreras adicionales para reincorporarse al mercado laboral y avanzar hacia puestos directivos, debido, entre otros factores, a las interrupciones profesionales relacionadas con la maternidad y las responsabilidades de cuidado.
Explicó que algunas trabajadoras abandonan temporalmente sus empleos para cuidar a sus hijos u otros familiares y, cuando buscan regresar, encuentran dificultades para recuperar su posición o continuar su trayectoria profesional.
“Las mujeres seguimos siendo la mayoría de la población, pero no estamos representadas en la misma proporción en la toma de decisiones ni en la participación económica”, afirmó.
Ante este panorama, la especialista planteó promover el diálogo intergeneracional y aprovechar las capacidades de las personas en las distintas etapas de su vida laboral, en un entorno en el que conviven cinco generaciones.
El reto, sostuvo, no se limita a las políticas de recursos humanos. El envejecimiento también modifica las necesidades y los hábitos de consumo, por lo que las empresas deben adaptar sus productos y servicios a una población de mayor edad.
En este contexto, la economía plateada comprende las oportunidades comerciales vinculadas con el consumo de las personas mayores, mientras que la economía de la longevidad abarca un conjunto más amplio de actividades relacionadas con el envejecimiento, incluidos los servicios de salud y cuidados.
Garza Hoth añadió que las instituciones públicas también deben contribuir a cambiar la percepción sobre las personas mayores, al reconocerlas como participantes de la actividad económica y no únicamente como beneficiarias de programas sociales.
AM