El procurador fiscal, Carlos Romero, consideró como positivo darle más “dientes” a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) a través de la Ley de Instituciones de Crédito, para facilitar la investigación y poder encapsular más rápido la operaciones ilícitas, que va de la mano con la ley antifactureras.
“Nosotros vamos a perseguir la defraudación fiscal y la UIF el lavado de dinero”, destacó Romero.
La también llamada Ley Nieto, con la que se le daría a la UIF facultades de promover la extinción de dominio a los recursos bloqueados, establece que la UIF deberá notificar por escrito en un plazo máximo de 19 días al afectado y a la institución de crédito las razones por las que se les congeló la cuenta.
“Siempre va a ayudar el que estén las autoridades con mayores herramientas, porque al final de cuentas las instituciones criminales van migrando, mientras más facultades tenga la autoridad para poder investigar y para poder encapsular estas operaciones criminales es mucho mejor”, mencionó al término de su participación en el primer congreso internacional de compliance organizado por Thomsom Reuters.
Con respecto a la reforma que castiga a las empresas que facturan operaciones simuladas, conocidas factureras o empresas fantasma, Romero mencionó que a partir del primero de enero este tipo de defraudación fiscal será equiparada con delincuencia organizada.
“Nosotros estamos trabajando como lo hemos estado haciendo, conforme a la ley de empresas fantasma y las herramientas que nos da la ley vamos a empezar a trabajar a partir del primero de enero”.
Por lo que recomendó a la empresas que compran o emiten facturas falsas regularizar sus operaciones antes del siguiente año.
“Siempre lo voy a recomendar, quién haya comprado facturas tiene la oportunidad de regularizar su situación fiscal y eso lo pueden hacer perfectamente. Siempre es mejor estar bajo el marco de la ley, cualquier empresa que compre o venda facturas a partir del primero de enero van a ser catalogado como delincuentes organizados”, concluyó.
lvm