El decreto presidencial por el cual se prohíbe en México la importación de cigarros electrónicos es "unilateral e ilegítimo", señaló Cuauhtémoc Rivera, presidente de la Asociación Nacional de Pequeños Comerciantes (Anpec).
"No hubo un consenso, ni siquiera se nos preguntó. Es ilegitimo porque no saben ni siquiera las consecuencias de este decreto. Hay una afectación grave a la democracia, que opera con consensos, no con prohibiciones ni unilateralidades", dijo el directivo en conferencia.
El presidente de la Anpec se sumó a la postura de instancias comimos organización civil Provapeo y expuso que la medida influirá en el crecimiento del comercio ilegal.
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"Nos preocupa que esto se replique. Lo más preocupante es que esto se vuelva un hábito y al término del día esperemos si no nos recetan un decreto nuevo. Depende del ánimo del gobierno, de cómo se haya asesorado e incluso sus fantasmas o demonios que los acompañan", señaló.
Cuauhtémoc Rivera dijo que del padrón de fumadores en el país (alrededor de 15 millones de mexicanos), el segmento alternativo tiene alrededor de un millón de clientes potenciales.
"No se puede legislar sobre la cultura de la satanización. Los asuntos públicos no son temas de buenos y malos. Somos una sociedad muy diversa y construir en esta acuerdos es muy dificil. Queremos acuerdos, pero de esta manera no podemos llegar a ellos, tendría que haber una transición, un pacto o una curva de cambio gradual", expuso.
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De acuerdo con el directivo actualmente en el país existen entre 5 y 10 mil puntos de venta de este tipo de productos cuyo consumo aún no está consolidado. Los dispositivos electrónicos y de calentado de tabaco cuesta entre 300 y 3 mil pesos; la entrada del comercio ilegal tendría artículos desde 200 pesos, estimó.
"Está incursión es en condiciones sin ningún control sanitario, peligrosas. Sin pagar impuestos. Es un negocio extraordinario porque hay ganancias muy fuertes porque no pagan nada y son riesgosas", aseveró. Así, la Anpec hizo un llamado para abrir el diálogo en el que se involucren la academia, autoridades, consumidores y comerciantes.
"Que lo deroguen, porque el que lo pudo hacer lo puede derogar y que llame a un espacio de conversación amplia y que se discuta", señaló.
GGA