La iniciativa del presidente para prohibir el outsourcing eliminará a muchas empresas que sí están cumpliendo con la ley, advirtió Juan Carlos de la Vega, socio director y experto en derecho laboral de la firma legal Santamarina + Steta.
“La intención de cancelar los abusos es muy válida, pero arrasa con los emprendedores y la parte sana de diversas industrias. Valdría la pena hacer la distinción para no debilitar más al sector productivo de nuestro país”, recomendó.
El especialista indicó que la iniciativa, con fuertes posibilidades de aprobación en el Congreso, tiene fundamentos que quitarán del mapa a un importante número de empresas en México.
“La iniciativa añade pocas disposiciones, pero que tendrán un efecto avasallador.
“Se prohíbe la subcontratación de personal: simple y tajante, sin darle oportunidad a la subcontratación legal, que es una herramienta clave de muchas empresas que sí cumplen con el espíritu de la ley y buscan ser más competitivas, con un uso regulado y las mejores prácticas que actualmente se utilizan en el mundo. Se trata de combatir a los incumplidos, no a todas las empresas”, subrayó.
De la Vega añadió que, además, la iniciativa va a terminar encareciendo todavía más el costo laboral para operar en México, cuando de por sí será algo que vendrá con las reformas laborales a las que ya está comprometido nuestro país con el nuevo T-MEC.
“Cuando se logre el verdadero voto secreto y libertad sindical, que son buenos a todas luces, vendrá una época de ajustes con términos inesperados en aumentos salariales.
“Eso lo tendrán que asimilar diversas industrias. Pero si, adicionalmente, se ven obligadas a incluir en sus cargas de prestaciones sociales a los servicios de outsourcing, simplemente va a ser demasiado y quedarán en profunda desventaja ante sus competidores de Canadá y los Estados Unidos”, señaló.
El especialista indicó que existen diversos mecanismos para cumplir con el espíritu de la iniciativa de manera inteligente, aprovechando esquemas contractuales válidos, para eliminar las malas prácticas de subcontratación, sin que sea necesario criminalizar el uso de actividades que son legales.
“No podemos pretender combatir delitos y de paso desquebrajar estructuras corporativas que están garantizando el empleo y bienestar de diversos trabajadores”, concluyó.