Al cumplirse el plazo mínimo de 75 días para las consultas sobre la política energética del país al amparo del T-MEC, el gobierno de México informó que continuará con los esfuerzos conjuntos para llegar a una solución mutuamente satisfactoria entre las partes.
En un mensaje difundido a través de redes sociales, la Secretaría de Economía aseguró que se ha mantenido un diálogo productivo desde que Estados Unidos y Canadá solicitaron consultas al amparo del T-MEC, con relación a temas de energía.
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“Compartimos las voluntad de nuestros socios de seguir avanzando por medio del diálogo y sin perjuicio de los derechos que prevé el T-MEC, deseamos continuar los esfuerzos juntos para explorar una solución mutuamente satisfactoria”, indicó.
Por esta razón, las conversaciones para resolver una disputa entre Estados Unidos y México sobre políticas energéticas se extenderán más allá del período de consulta inicial mientras las partes reducen sus diferencias, dijeron tres funcionarios familiarizados con el asunto a Reuters.
La oficina de la Representante Comercial de Estados Unidos (USTR, por su sigla en inglés) solicitó en julio consultas, alegando que las políticas energéticas del presidente Andrés Manuel López Obrador discriminaban a las empresas estadunidenses y violaban un pacto comercial norteamericano.
De acuerdo con el T-MEC, si una queja de este tipo no se resuelve en 75 días de consultas, se puede solicitar un panel de disputas para revisar los reclamos. Eso podría exponer a México al riesgo de aranceles comerciales en represalia.
Sin embargo, tres funcionarios -de los gobiernos de ambos lados de la disputa- dijeron que los progresos realizados para limar asperezas significaban que las conversaciones seguirían adelante más allá del 3 de octubre, cuando expiran los 75 días.
Los funcionarios hablaron bajo condición de anonimato debido a lo delicado del asunto.
"En mi opinión el gobierno mexicano ha buscado atender las solicitudes del gobierno de Estados Unidos y Canadá con las miras hacia una solución que evite llegar a un arbitraje internacional", dijo Francisco de Rosenzweig, un exfuncionario comercial mexicano de alto nivel.
En el centro de la queja de Estados Unidos, a la que se sumó Canadá, se encuentran: los retrasos en el otorgamiento de permisos, una ley eléctrica que da prioridad a las empresas estatales sobre las privadas y otras normas que los inversores consideran que les perjudican, según fuentes del sector.
En las últimas semanas, las tensiones se han visto aliviadas por decisiones de tribunales mexicanos, que han suspendido controvertidas normas y por indicios de que los organismos reguladores mexicanos han empezado a abordar las frustraciones relacionadas con los permisos, según fuentes del sector y funcionarios.
Con las elecciones intermedias en Estados Unidos en noviembre, la preocupación por la inflación y la probabilidad de que México pierda el arbitraje, ninguna de las partes quiere intensificar el conflicto comercial ahora, añadieron las fuentes.
Aun así, una fuente mexicana dijo que los funcionarios estadunidenses habían advertido que, si no se producían avances sustanciales en los próximos tiempos, la presión sobre México podría aumentar de nuevo.
Rosanety Barrios, exfuncionaria mexicana de energía, dijo que aunque los reguladores mexicanos intentaban dar la impresión de ser más flexibles, muchas cuestiones seguían sin resolverse.
Parecía que, en lugar de llegar a una resolución definitiva de la disputa, las dos partes podrían estar "pateando el bote hasta la siguiente administración" mexicana, añadió.
AMP