La práctica de “moches”, es decir, aportar recursos para conseguir proyectos de obra pública en territorio poblano es recurrente, problema que debe ser atendido con la creación de una ley que ponga candados a dicho fenómeno.
Así lo expresó el presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) en Puebla, José Antonio Hernández, quien resaltó la urgencia de que el próximo legislativo local desarrolle una nueva Ley de Obra Pública estatal que contrarreste la corrupción.
En entrevista, el representante de los constructores explicó que propuso en campaña tanto a Martha Erika Alonso, gobernadora electa; así como a Claudia Rivera, presidenta municipal electa de la capital, la Ley de Obra Pública que combate actos fuera de la ley. Señaló que en estados como Jalisco, Nuevo León, Aguascalientes, Yucatán y Querétaro, ya se pusieron en marcha legislaciones que contrarrestan los “moches” y que están dando resultados.
“La corrupción, los moches nos afectan y van en contra de la ciudadanía porque se meten materiales de ínfima calidad porque tienen que cumplir con algunas cuestiones”, resaltó.
Señaló que la actual administración revisó la propuesta de la CMIC, sin embargo, por los tiempos, ya no será una realidad antes de diciembre de este año.
“Estuvieron estudiando esta propuesta. Yo ya no creo que se apruebe esta ley en esta gestión. Seguimos pugnando porque la ley se pueda aprobar (…). Yo sigo pugnando por esa ley porque nos da certeza jurídica y transparencia en las licitaciones”, finalizó.
AMV