Scotland Yard acusó a las empresas de redes sociales de “minar” las investigaciones contra el terrorismo, al avisar a las personas que están bajo vigilancia que la policía solicitó ver sus datos en la red.
Mark Rowley, el más alto oficial de contraterrorismo de Reino Unido, describió al sector de tecnología como una industria “inmadura” que todavía no comprende la responsabilidad social de albergar plataformas de comunicación masiva.
“En el mundo real, si alguien va a abrir un centro comercial en Londres con un fantástico modelo de negocio que le hizo ganar una enorme utilidad, pero que también ofrece un entorno seguro de operación para los criminales o terroristas, no se lo permitimos”, dijo a una audiencia en el Royal United Services Institute. “Sin embargo, hasta cierto punto, eso es lo que sucede en el mundo virtual”.
El subcomisionado de la Policía Metropolitana advirtió que, en una época de amenazas terroristas avanzadas y cada vez más complejas contra Reino Unido, sus oficiales luchan con “un nivel fragmentado y altamente variable de cooperación” de los proveedores de redes sociales, que crearon un “creciente número de puntos ciegos” en la evidencia y los datos de inteligencia disponibles.
“Algunas (empresas) se niegan a ayudar, para algunas es parte de su estrategia, diseñan sus productos con pleno reconocimiento de que no podrán ayudarnos debido a la forma como las diseñaron”, dijo ayer.
Y algunos simplemente nos socavan, al adoptar una política de que si nos proporcionan datos, le dirán al sujeto que lo hicieron”.
Si bien el jefe de la policía no quiso nombrar empresas específicas, miembros del parlamento criticaron a Facebook en el comité de inteligencia parlamentaria y seguridad por no proporcionar información que pudo ayudar a prevenir el asesinato del soldado británico Lee Rigby, que realizaron terroristas islamistas hace dos años. Surgió durante la investigación del comité que meses antes del ataque en Woolwich, Londres, uno de los autores utilizó la red social para expresar su intención de asesinar a un soldado “de la forma más gráfica y emotiva posible”. Los miembros del parlamento sugirieron que la negativa de dar a conocer esa información a la policía creó efectivamente un “refugio seguro para los terroristas”.
Rowley dijo que eso contrasta con las empresas de internet, los bancos y los proveedores de servicios financieros que operan de acuerdo con el “principio bien establecido” de que realizarán “esfuerzos razonables para detectar el dinero corrupto o deshonesto que pasa por sus sistemas”, y de forma proactiva informar inmediatamente a la policía.
“Ellos (los bancos) no tienen problema con el principio de que lo que pasa por sus canales tiene algunas obligaciones de debida diligencia”, dijo. “Ese es un sector mucho más antiguo; todavía luchamos con que en el sector de comunicaciones y de redes sociales algunos son más constructivos y se perciben a sí mismos como que tienen una responsabilidad social sobre lo que pasa por sus plataformas, algunos no”.
El Ministerio del Interior renueva sus esfuerzos para aprobar una polémica legislación que le permitirá a la policía y a los servicios de seguridad tener acceso a los datos de comunicaciones de los criminales. La secretaria del Interior, Theresa May, tiene la determinación de que sea aprobada esta nueva ley.