El presidente del Consejo de Cámaras y Asociaciones Empresariales del Estado de México (Concaem), Gilberto Javier Sauza Martínez, señaló que la iniciativa de Reforma Administrativa presentada por el gobierno federal debe ser analizada detalladamente, ya que pretende la modificación de 23 leyes federales, lo cual podría ser inconstitucional y afectar el Estado de Derecho, además de incrementar los actos de corrupción en el país.
En los próximos dos años -mencionó- en el país se espera la llegada de capitales por más de 35 mil millones de dólares, derivados de nearshoring o la relocalización de empresas, lo cual sólo será una realidad si se envía un mensaje de certidumbre y legalidad correcto; por ello, de concretarse la llamada 'Reforma Administrativa' podría haber un retroceso en temas de legalidad y claridad reglamentaria, especialmente, para la obtención de concesiones, permisos y licencias.
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“Si empezamos a quitar legislación reglamentaria que determina los pasos a cumplir para recibir concesiones, permisos y las cambiamos por determinaciones discrecionales por la autoridad, tendremos criterios que podrían detonar actos de corrupción”.
Gobierno podría cancelar contratos
Asimismo, dijo, la reforma otorgaría al gobierno la facultad de cancelar contratos o rescindir permisos y concesiones cuando lo considere conveniente o prioritario al interés público, lo que violaría el Estado de Derecho y eliminaría la certeza jurídica de quienes decidan invertir en el país.
Sauza Martínez señaló que la propuesta diferencia entre el sector privado y el público para el desarrollo de contratos u obras de infraestructura, estableciendo condiciones preferenciales para las empresas gubernamentales.
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"Adicionalmente plantea otorgar facilidades a las autoridades administrativas para dar permisos o contratos sin necesidad de licitaciones, con lo que se retrocedería en temas administrativos, volviendo a licitaciones directas o contratos restringidos".
Medidas serían inconstitucionales
El presidente de Concaem añadió que las medidas serían inconstitucionales, afectando la libre empresa y la igualdad, al volver a criterios personales para acceder a permisos de inversión y operación.
Finalmente, confió que un grupo parlamentario dentro del Congreso de la Unión tome el tema en su agenda y evite que sea aprobada en los términos que ha sido presentada.
“Lo que requerimos, más que una Reforma, es un esquema de mejora regulatoria que haga más sencillos los trámites, elimine duplicidades y favorezca la llegada de inversión al país. Se trata de hacer las cosas transparentes y simples para enviar un mensaje de certeza”.
AGB