La reforma al Poder Judicial es necesaria pero no bajo los términos propuestos de elección popular, expuso la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA).
En un comunicado, la agrupación señaló que la designación de jueces, ministros y magistrados por esta vía, lejos de brindar certeza jurídica a los ciudadanos, profundiza la discrecionalidad de las decisiones, lo politiza y no define criterios objetivos para una adecuada selección de los perfiles requeridos.
“No resolverá los problemas que actualmente enfrenta el sistema judicial; por el contrario, las posibilidades de control del poder Ejecutivo y de los grupos que ejercen de facto influencia, bien sea por el peso económico o el que se obtiene a través de la fuerza criminal, harán más grave la injusticia”, explicó.
Remarcó que les preocupa el debilitamiento de la carrera judicial en detrimento del profesionalismo, estabilidad laboral y por lo tanto, imparcialidad e independencia de las y los integrantes del Poder Judicial.
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“La carrera judicial se ha convertido en garantía de especialización y capacitación de los juzgadores del país, constituyendo así un aspecto crucial del funcionamiento del sistema judicial mexicano y, sobre todo, un principio que garantiza el derecho humano de acceso a la justicia, lo cual se ve gravemente en riesgo, de aprobarse la iniciativa de Reforma en los términos planteados”, afirmó.
“Si bien el actual sistema es imperfecto y es necesario reformarlo para mejorar, la destrucción institucional no es el camino para promover un estado superior de convivencia social”, expuso.
La agrupación de distribuidores de autos señaló que para el funcionamiento de las empresas, la reforma judicial en los términos que se plantea pone en riesgo la viabilidad de las inversiones y las deja en alto grado de vulnerabilidad ante el poder del Ejecutivo.
“Por ejemplo en el ámbito fiscal, en el cual ya hoy en día existe un profundo abuso de las facultades de control y verificación del Servicio de Administración Tributaria así como un mayor grado de dificultad para contar con garantías de imparcialidad en las legítimas controversias jurídicas”, refirió.
Por ello repitió que la reforma del sistema judicial no resolverá ninguno de los factores que inhiben el acceso a la justicia, harán más vulnerables a los grupos de población económica y socialmente más débiles, inhibirá la inversión y se abre la posibilidad de fortalecer a los grupos del crimen organizado y a los cacicazgos políticos.
KL