El gobierno de México ya publicó en el Diario Oficial de la Federación los nuevos mecanismos para revisar, condicionar e incluso impedir adquisiciones de empresas nacionales por parte de inversionistas extranjeros cuando existan riesgos para la seguridad nacional, particularmente en sectores estratégicos como energía, minería, transporte, inteligencia artificial, semiconductores y telecomunicaciones.
Se publicó la reforma a la Ley de Inversión Extranjera, aprobada por el poder legislativo en octubre.
La modificación establece que las inversiones extranjeras que pretendan adquirir, directa o indirectamente, más de 49 por ciento del capital social de una empresa mexicana deberán obtener una resolución favorable de la Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras (CNIE), siempre que el valor de los activos de la compañía supere el monto que determine este organismo y sus actividades estén relacionadas con sectores considerados estratégicos.
Entre las actividades sujetas a este mecanismo se encuentran las infraestructuras estratégicas físicas y virtuales, incluidas las vinculadas con energía, transporte, sanidad, comunicaciones, minería, tratamiento y almacenamiento de datos, sistemas digitales, industria aeroespacial y defensa.
También se consideran las tecnologías críticas y productos de doble uso, como inteligencia artificial, robótica, semiconductores, ciberseguridad, tecnologías aeroespaciales, almacenamiento de energía, tecnología cuántica y nuclear, nanotecnología y biotecnología.
El escrutinio también abarcará empresas relacionadas con el suministro de insumos fundamentales, energía, materias primas, seguridad alimentaria y aquellas que tengan acceso a información sensible, particularmente datos personales.
Tres posibles resoluciones
De acuerdo con el nuevo Título Sexto Bis de la legislación, la Comisión tendrá tres alternativas para resolver las solicitudes de adquisición.
La primera consiste en determinar que no existen riesgos o amenazas a la seguridad nacional y declarar viable la operación.
La segunda contempla autorizar la adquisición, pero sujetarla a modificaciones que permitan mitigar los riesgos identificados, las cuales deberán ser asumidas por las partes involucradas.
La tercera posibilidad es impedir la adquisición de la empresa mexicana cuando se determine que representa una amenaza para la seguridad nacional.
En los casos de autorización o aprobación condicionada, la Comisión podrá establecer obligaciones específicas, como reportes periódicos y evaluaciones sobre el cumplimiento del marco jurídico nacional.
La legislación también establece que, cuando el valor de los activos de la empresa no supere el umbral que determine la Comisión, la presentación de la solicitud será voluntaria, aun cuando la participación extranjera que se pretenda adquirir sea superior a 49 por ciento.
Multas de hasta 23.4 mdp
La reforma contempla sanciones económicas de entre cinco mil y 200 mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) que a valor actual son de 586 mil pesos a 23.4 millones de pesos para las empresas mexicanas que transfieran participaciones accionarias a inversionistas extranjeros sin contar previamente con una resolución favorable de la Comisión, o que realicen la operación pese a que haya sido rechazada.
El mismo rango de multas aplicará cuando las partes involucradas incumplan las medidas de mitigación de riesgos establecidas por la autoridad.
Adicionalmente, la Comisión podrá ordenar la desinversión de los activos adquiridos. Para ello, se otorgará un plazo de 90 días hábiles, prorrogable por un periodo igual, para que el inversionista extranjero desincorpore los activos de la empresa.
Amplían integración de la Comisión
Los cambios también amplían la integración de la Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras, al incorporar a las personas titulares de las secretarías de Gobernación, Relaciones Exteriores, Defensa Nacional, Marina y Seguridad y Protección Ciudadana, entre otras dependencias, así como a la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones.
Cuando se analicen asuntos relacionados con seguridad nacional, también serán invitadas permanentes, con voz pero sin voto, las personas titulares de la Fiscalía General de la República, el Centro Nacional de Inteligencia, el Servicio de Administración Tributaria y la Unidad de Inteligencia Financiera.
La Comisión deberá presentar al Congreso de la Unión un informe estadístico cuatrimestral sobre el comportamiento de la inversión extranjera en el país, así como un reporte semestral sobre su gestión en materia de seguridad nacional.
El decreto establece que las solicitudes ordinarias deberán resolverse en un plazo máximo de 45 días hábiles. Si la autoridad no emite una resolución dentro de ese periodo, se considerarán aprobadas, disposición que no será aplicable a los procedimientos relacionados con seguridad nacional.
La reforma entrará en vigor el 20 de noviembre, un día después de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Además, la Comisión tendrá un plazo máximo de 180 días naturales para emitir y publicar la resolución general que determine el monto de los activos a partir del cual las adquisiciones estarán sujetas a revisión obligatoria.
PSAJ
