La reforma a la Ley de Minería, promulgada el 8 de mayo de 2023, marcó un punto de quiebre al romper con 500 años de tradición minera en el país, ya que el nuevo esquema legal provocó una parálisis total en la entrega de nuevos títulos de explotación, señaló la socia de Rodríguez-Matus & Feregrino, Karina Rodríguez.
La especialista en proyectos de minería, energía e infraestructura explicó que no se ha entregado, desde la nueva ley, una sola concesión, ya que el nuevo procedimiento administrativo impuso un cerco burocrático y de requisitos previos que mantiene congelada la actividad de fomento a nuevos proyectos.
El laberinto previo al título
En un webinar enfocado en la legislación minera, la especialista puntualizó que, bajo el régimen anterior, cualquier particular podía ubicar un terreno libre, presentar una solicitud y, tras cumplir con las capacidades técnicas y financieras, obtener la concesión para posteriormente negociar los accesos superficiales y permisos.
Hoy, el panorama es radicalmente opuesto, ya que para acceder a un título de concesión, los particulares deben someterse a un estricto y complejo proceso que consta de la exploración de nuevos yacimientos que quedó reservada al Servicio Geológico Mexicano (SGM).
Además, las concesiones ahora solo se otorgan mediante un proceso de licitación o concurso público y, una vez ganada la licitación y de manera previa a que la Secretaría de Economía (SE) entregue formalmente el título de concesión, el interesado debe tramitar y obtener todos los permisos ambientales, laborales, de energía y de uso de suelo a nivel local, estatal y federal, concesiones de agua nacionales, consulta indígena y el consentimiento de las comunidades originarias o afromexicanas si habitan en la zona.
Además de una evaluación de impacto social que garantice las medidas de gestión para mitigar afectaciones, así como convenios firmados de ocupación temporal o servidumbre con los propietarios de los terrenos, ya sean particulares, ejidos o comunidades.
“Una vez que cumplo con permisos, consulta, evaluación y acceso a terrenos, me otorgan el título de concesión; sin embargo, la rigidez de este diseño institucional provoca que, en la práctica, el mecanismo permanezca inoperante. ¿Cómo se va a modificar? No lo sabemos, porque todavía no tenemos experiencia al respecto”, apuntó Karina Rodríguez.
Desconocimiento del sector
Karina Rodríguez expuso que uno de los errores más graves de la reforma radica en la falta de técnica legislativa y en el desconocimiento de la realidad operativa del sector al haberle reservado la exploración de nuevos yacimientos únicamente al Estado.
La especialista comparó la exploración minera con la investigación científica en el sector salud:
“La exploración es, para la minería, vital. Es tan vital como la investigación en las farmacéuticas. Si una farmacéutica no investiga, olvidémonos de nuevos medicamentos (...) si una empresa minera no puede explorar, no puede buscar nuevos yacimientos, vamos a contraernos con la industria. Vamos a hacernos chiquitos”, condenó.
Al tratarse de una actividad de alto riesgo, uso intensivo de capital y maduración a largo plazo, donde pueden transcurrir entre 10 y 20 años desde la prospección inicial hasta la construcción de una mina, la parálisis en el otorgamiento de concesiones amenaza con secar el flujo de inversiones y comprometer la viabilidad futura de la minería en México, finalizó.
rdr