El procurador Fiscal de la Federación, Carlos Romero Aranda, informó que la reforma penal fiscal está en la Corte por inconstitucionalidad, luego de ser cuestionada por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y por el grupo minoritario en la Cámara de Senadores, a la espera de ser resuelta.
La reforma penal fiscal, entrada en vigor a partir del 1 de enero de 2020, modificó diversos ordenamientos legales, como parte del combate a la evasión fiscal y las empresas factureras.
“Nosotros somos garantistas, nos interesa que nuestros procedimientos estén apegados a derecho, apegados a la constitución y que respeten los derechos humanos y las garantías individuales. Toda esta reforma fue cuestionada por la CNDH que fue el regalo que nos dejó el último presidente de la comisión y formuló una acción de inconstitucionalidad y lo mismo el grupo minoritario en la Cámara de Senadores”, indicó.
Durante su presentación en segundo Seminario de Combate a la Defraudación 2021, organizado por Thomson Reuters, señaló que esto está en la Corte y tendrá que ser resuelto para ver si es constitucional o no, “nosotros ya formulamos nuestra defensa y estamos en espera, nosotros somos garantistas y estamos convencidos que esta reforma respeta las garantías individuales y los derechos humanos”, dijo.
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Ante esta situación, el procurador aseguró que los números hablan por sí solos, con más de 100 sentencias condenatorias en los últimos dos años, más de 200 resoluciones favorables en instancias de amparo, se han presentado más de 500 querellas por más de 20 mil millones de pesos y una efectividad de más de 90 por ciento en sentencias condenatorias.
“Esos son los resultados que ha traído la reforma penal fiscal …(...).... nos criticaban mucho, que cómo osábamos hablar de delincuencia organizada contra facturas, que cómo podríamos poner de nueva cuenta el delito fiscal como un delito que ameritara prisión preventiva, pero al final de cuentas, lo único que hicimos fue poner el piso parejo”, refirió Romero Aranda.
Explicó que lo que se hizo fue que “las empresas que no pagan impuestos, las empresas que tienen a sus trabajadores con outsourcing cometen actividades desleales de comercio, en relación con una empresa que está al corriente en sus actividades fiscales y a una empresa que tiene a sus trabajadores cumpliendo debidamente con las obligaciones de seguridad social”.
Añadió que también se puso el piso parejo con los profesionistas, tanto contadores, como abogados, como asesores fiscales, que realmente lo son.
En este contexto, el funcionario aseguró que la defraudación le costaba al fisco entre 350 mil millones 500 mil millones de pesos al fisco y representa que se pudieron haber construido alrededor de 225 hospitales de segundo piso, 500 mil ambulancias, 700 mil autos patrulla, 80 segundos pisos, como el de periférico, 310 desniveles, como el construido en Mixcoac e Insurgentes, 125 estadios de béisbol.
“Al día de hoy, el dinero se está gastando en forma responsable y tan es así, que los gastos del gobierno siguen dándose, hay temas de austeridad, donde se bajaron los sueldos de todos los funcionarios, donde nadie gana menos que el presidente, pero no solo eso, estos 500 mil millones de pesos que se evadían o que se robaban, son los mismos 500 mil pesos que se están utilizando para los programas sociales, en lugar de que se los roben, se les está dando a la gente de escasos recursos y las instituciones siguen caminando y dando servicios, y seguimos sin deuda adicional y sin impuestos adicionales y seguimos con superávit primario”, aseveró.
AMP