La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) advirtió que el anteproyecto de NOM-237-SE-2021 que pretende regular la prestación del servicio educativo en planteles particulares de educación básica, y que ingresó a la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (Conamer) bajo una clasificación errónea, podría generar el cierre de 18 mil planteles en el país y generar una lluvia de amparos.
Durante la conferencia de prensa virtual denominada “¿Golpe a la educación de nuestros niños?”, el presidente de la Coparmex, José Medina Mora, advirtió que si se aprueba la norma como esta, habría una sobre regulación de las escuelas particulares, por lo que cambios de esta naturaleza “carece de sentido”.
“Hemos tenido diálogo con la secretaria de Economía, Tatiana Clouthier, para hacerle ver que nos parece que no es el camino, así mismo con Jesús Cantú, que es quien está encargado en la Secretaría de Economía de este tema; y ahorita está en discusión en la Conamer, y tenemos que dar todos los argumentos, para que no se aprueben los cambios”, afirmó.
En tanto, la presidenta de la Federación de Escuelas Particulares de Morelos, Itzel Carmina Gándara, sostuvo que para no permitir estos cambios se debe enviar los comentarios a Conamer hasta agotar la instancia que vence el 15 de noviembre, y posterior a eso, “se promoverán los amparos contra leyes aplicativas”.
“Ninguna escuela particular en el país es igual a otra en su estructura y funcionamiento, sin embargo, la consecuencia inmediata de la entrada en vigor de esta norma sería el cierre de 18 mil escuelas, a vías de entrar en vigor la norma, se estarían tomando decisiones de cierre de esta naturaleza, esto afectaría a 640 mil personas entre las cuales 540 mil son niños, niñas, adolescentes y jóvenes que se van a quedar sin un espacio para ir a la escuela, y los papás sin la libertad de escoger a dónde llevar a sus hijos con la NOM-237 de entrar en vigor”, aseguró.
A su vez, la directora ejecutiva de Operaciones y abogada general de la Coparmex, Rebeca Felix Ruiz, indicó que los cambios que se pretenden realizar obstaculizará el derecho a la educación y generará una sobre regulación al sector educativo, poniendo en riesgo la existencia de las escuelas y en consecuencia en riesgo el derecho a la educación.
“Estamos hablando ahorita de una norma, es un acto de autoridad, y tendríamos que analizar en este caso, pero seguramente, si la norma procede, por supuesto que vamos a interponer acciones legales”, aseguró la representante del organismo empresarial durante su ponencia.
Sostuvo que lo adecuado es que sean las autoridades educativas sean quienes regulen, vigilen y verifiquen este servicio, “ya que estas son las autoridades especialistas que dominan la particularidad del servicio educativo”.
AMP