La Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA) consideró que el anuncio de esta mañana del presidente Andrés Manuel López Obrador sobre la regularización de vehículos ilegales en el país, provocará una baja en el valor de hasta 20 por ciento en las unidades nacionales del mismo modelo y año, como consecuencia de la sobreoferta que se generará.
En un comunicado, destacó además que, los propietarios de vehículos, al ver que su unidad cuesta menos, decidirán posponer su venta o retardar su renovación, afectando aún más la cadena de comercialización de cambio de usado a seminuevo o de seminuevo por uno nuevo.
Añadió que la iniciativa es un “golpe al comercio formal de automotores”, ya que esto representará un “premio” para las mafias que se enriquecen con el contrabando de este tipo de actividades.
Aunado a esto, resaltó que, ya que la propuesta del titular del poder ejecutivo no se limitará sólo a los siete estados fronterizos, pues aplicará en todo el país, en vez de aminorar el problema lo hará más grande.
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“Firmará un decreto (el Presidente) para legalizar el contrabando automotriz, esto representará un premio para las mafias que se enriquecen con el contrabando de este tipo de unidades y será un golpe al comercio automotor formal que genera empleo e impuestos, el cual aún enfrenta las repercusiones por la pandemia del covid-19 y la crisis de los semiconductores”, argumentó.
Aseveró que por ello, el pasado 29 de junio se le solicitó al presidente López Obrador una audiencia para explicarle las afectaciones de su propuesta, presentada originalmente el día 27 del mismo mes desde Baja California.
Ante dicho panorama, expresó que durante julio y agosto la importación legal de vehículos usados creció 69.8 por ciento y 84.9 por ciento respectivamente, es decir, que sumaron 12 mil 148 unidades en estos meses. “Mientras que la importación ilegal creció en igual o mayor porcentaje por la esperanza de poder regularizarse en breve”, agregó.
Subrayó que resultado de esto, es que el fenómeno de los vehículos ilegales no disminuyó, puesto que ahora es más evidente que nunca ver ese tipo de unidades circulando en toda la frontera ante la omisión de las autoridades.
“Es importante mencionar que la introducción y comercialización de vehículos usados procedentes de Estados Unidos sin cumplir las formalidades del procedimiento aduanero es un delito que se ha pretendido resolver sin éxito mediante disposiciones del Poder Ejecutivo y el Legislativo, tal como lo representan 19 procesos de regularización entre 1979 y 2011”, sostuvo.
AMP