A un mes de la ruptura entre Reino Unido y la Unión Europea, no se ha producido la debacle que auguraban los peores presagios, pero se multiplican los problemas en todos los frentes.
Aunque el Brexit formal tuvo lugar hace justo un año, se hizo efectivo hace ahora un mes, con la salida británica del mercado único. Y este tiempo ha actuado como ácido sulfúrico sobre un engranaje ya bastante deteriorado.
La dimensión política del divorcio ha mostrado sus primeras grietas por el flanco más frágil: Irlanda del Norte.
El paso en falso que dio la Comisión Europea el pasado viernes, al anunciar que impondría controles fronterizos a la exportación de vacunas en la isla y rectificar horas después, ha ofrecido una munición inesperada al Gobierno británico para atacar a Bruselas.
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El protocolo sobre Irlanda/Irlanda del Norte fue una de las piezas más complejas de cerrar en las negociaciones entre ambas partes. Y menos de un mes ha bastado para que el documento enseñe sus pies de barro.
El primer ministro irlandés, Michéal Martin, que intervino el viernes para que Bruselas revocase su intención de activar el artículo 16 -que permite suspender unilateralmente partes del protocolo- explicó este domingo en la BBC que no fue prevenido de que la Comisión iba a adoptar la medida.
"Solo llevamos cuatro semanas con el protocolo operativo, y seguro que habrá problemas iniciales, pero reconozco la necesidad del compromiso por todas partes, entre la UE, el Reino Unido y el Gobierno irlandés", señaló.
La beligerante ministra principal de Irlanda del Norte, la unionista Arlene Foster, ha aprovechado para pedir al primer ministro, Boris Johnson, una profunda renegociación del acuerdo.
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Foster, apoyada por varios diputados conservadores, se opone a que los bienes que circulan entre Irlanda del Norte y la isla de Gran Bretaña sean controlados en los puertos, como estableció el protocolo para posibilitar que no haya una frontera física dentro de la isla, lo que amenazaría los acuerdos de paz de 1998.
Los trámites aduaneros y el papeleo burocrático ha llevado a un serio problema de abastecimiento en la provincia británica, que los unionistas emplean como argumento para tratar de socavar el texto.
Comercio bajo tensión
Las consecuencias económicas del Brexit también están ya sobre la mesa. Ni el "brexitero" más ingenuo soñaba que no las hubiera, por mucho que a última hora se cerrara un acuerdo para permitir el comercio sin tasas ni aranceles.
El "número dos" del gobierno británico, Michael Gove, dibujó un panorama apocalíptico en caso de que su país y la UE no hubiesen alcanzado un pacto: hasta 7 mil camiones podían amontonarse en el sureste de Inglaterra esperando a cruzar el Canal de La Mancha.
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Desde ese punto de vista, las imágenes han sido benignas y no se ha vivido un caos de suministro.
Pese a todo, los problemas para exportar o importar son omnipresentes. No hay semana en la que un sector no eleve la voz por los dañinos efectos del Brexit sobre su actividad.
Muy perjudicados han resultado los pescadores británicos, que paradójicamente habían sido uno de los estandartes del bando que abogaba por dejar la UE.
Ahora, sus representantes llenan las páginas de los periódicos británicos quejándose de la "traición" que, según ellos, han sufrido a manos de Johnson en el acuerdo con la UE y arrepintiéndose de haber votado por el Brexit en el referéndum de 2016.
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Otros días protesta el sector del vino, que sufre en propias carnes el aumento de los precios debido a los costes por tramitar todo el papeleo que implica importar desde la isla.
Y la City de Londres, centro financiero de Europa, todavía trata de asumir el peso secundario que el tratado dispensa a los servicios
La líder política de la City, Catherine McGuinness, reclamaba en una entrevista con Efe "pragmatismo" a las autoridades comunitarias.
¿Qué quiere decir pragmatismo? Pues, básicamente, que la UE conceda al Reino Unido el régimen de equivalencia regulatoria para que las empresas británicas puedan operar en los mercados comunitarios.
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McGuinness sospecha que Bruselas "se está tomando su tiempo" para reconocer la equivalencia con la intención de que las empresas se cansen y se trasladen al continente.
Algo que, por otro lado, ya está sucediendo: medio millar de compañías británicas o con sede en el Reino Unido habían mostrado antes del 1 de enero su interés en trasladar parte o todo su negocio a Países Bajos, según reveló hoy el dominical The Observer.
Riña diplomática
En este terreno pantanoso tampoco parecen florecer las oportunidades para un diálogo cabal a través de la diplomacia.
El Reino Unido se niega por el momento a conceder el rango de embajador al representante de la UE en Londres, Joao Vale de Almeida, algo que sí hacen más de 140 países.
Londres pretende tratar a la delegación comunitaria únicamente como representante de una organización internacional. No tiene obligación legal de reconocerla como una embajada, aunque se trata de un decisión política que envía un mensaje desde Downing Street.
Está por ver si la decisión de Johnson de nombrar esta semana a su negociador jefe en las tensas conversaciones con el bloque comunitario, David Frost, como representante para el Brexit y la política internacional, contribuye a templar los ánimos o los exacerba más.
AMP