En el marco de la revisión del tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), se encienden las alertas sobre uno de los instrumentos más sensibles del acuerdo: el Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida; para Jorge Sales Boyoli, especialista en derecho laboral y socio director de Sales Boyoli Abogados, México enfrenta el reto de ajustar su funcionamiento para evitar distorsiones y asegurar una aplicación más equilibrada entre las partes.
A través de un comunicado, el experto explicó que este mecanismo es único en su tipo en acuerdos comerciales internacionales y permite imponer sanciones directas a empresas por presuntas violaciones a la libertad sindical y a la negociación colectiva, incluso con base en indicios iniciales y bajo plazos sumamente breves.
Recordó que hasta la fecha, se han registrado 45 quejas bajo este esquema, concentradas principalmente en el sector de autopartes y con una alta incidencia en el estado de Guanajuato. De estos casos, cerca del 90 por ciento han sido resueltos mediante procesos de remediación.
“Ha sido un mecanismo eficaz, particularmente, para Estados Unidos, pero también ha generado preocupación en México por posibles abusos, ya que puede derivar en sanciones como aranceles o incluso el bloqueo de exportaciones”, señaló.
Sales Boyoli destacó que, si bien este instrumento ha contribuido a mejorar condiciones laborales, incluyendo elecciones sindicales más libres, recuperación de salarios caídos y fortalecimiento de derechos colectivos, su impacto ha sido limitado a ciertas industrias exportadoras, sin alcanzar a la mayoría de los trabajadores en el país.
“El Mecanismo no ha detonado una mayor afiliación sindical ni una transformación estructural del modelo laboral. Su alcance sigue siendo focalizado a empresas grandes y exportadoras, sin impacto a las pequeñas y medianas empresas (PyMEs), que son la mayoría de los empleadores en este país; ni para el 53 por ciento de los trabajadores que están en la informalidad o el 33 por ciento de los trabajadores que están en pobreza laboral”, explicó.
Ante este panorama, el especialista consideró que México debe acudir a la revisión del T-MEC con una postura proactiva, planteando ajustes que permitan evitar el uso excesivo del mecanismo y garantizar procesos más justos para las empresas.
¿Cuáles son sus propuestas para México rumbo a la definición del T-MEC?
Entre las propuestas, destacó la necesidad de crear una instancia nacional previa que permita atender y resolver controversias laborales antes de escalar a paneles internacionales, así como establecer mayores garantías para que las empresas puedan defenderse antes de enfrentar sanciones comerciales.
Asimismo, subrayó la importancia de mantener un enfoque de equilibrio entre la protección de los derechos laborales y la competitividad económica de las empresas.
“La revisión del T-MEC es una oportunidad para fortalecer un esquema de ganar-ganar, que eleve la calidad de vida de los trabajadores sin afectar la productividad ni la integración económica de América del Norte”, concluyó.
MVDJ