En un contexto donde se estima que en México se lavan entre 20 mil y 30 mil millones de dólares al año, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y la Secretaría de la Función Pública (SFP) firmaron un convenio de colaboración para combatir la corrupción y todo tipo de sabotaje de servidores públicos, contratistas y proveedores del gobierno federal.
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En conferencia con medios, la jefa del SAT, Margarita Ríos-Farjat, indicó que el convenio busca que no haya privilegiados, mediante el intercambio y la consulta de información entre ambas dependencias, lo cual es posible gracias a las atribuciones constitucionales que lo permiten.
Destacó que existe una problemática importante en la corrupción de funcionarios “por eso se elevó al rango constitucional”.
La jefa del SAT explicó que la SFP tendrá acceso a información delicada y confidencial, incluso la relacionada con el secreto fiscal, con estricto apego a la ley, con lo que se comprobará que los contribuyentes que contraten con la administración pública federal cumplan con sus obligaciones fiscales.
Añadió que la dependencia a su cargo también podrá recibir las declaraciones patrimoniales de los servidores públicos y otro tipo de información valiosa para comprobar que los datos son congruentes, así como cifras del sistema Compra Net, de empresas fantasma y contratistas.
Función Pública contra lavado de dinero de funcionarios
La secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval, señaló que el convenio busca identificar a servidores públicos que hagan lavado de dinero, registrar sus declaraciones patrimoniales y combatir la evasión y elusión fiscal.
“Con la firma de este convenio será más fácil la capacidad institucional para combatir la corrupción”, expresó.
Fideicomisos ya no serán caja chica de funcionarios
Irma Eréndira Sandoval resaltó que “los fideicomisos ya no pueden “seguir siendo las cajas chicas de los funcionarios” y los fideicomisos mixtos deben dejar de ser “figuras tóxicas que mezclan lo público y lo privado”.
Agregó que están por lanzar el programa piloto de alertadores de la corrupción que ha demostrado tener eficiencia en países como Reino Unido y Estados Unidos.
MRA