Luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalidó la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa para los delitos de contrabando, defraudación fiscal y uso de facturas falsas, la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) afirmó que con esta resolución las autoridades fiscales podrán investigar a los defraudadores, pero sin la herramienta de intimidación hacia todos los contribuyentes del país.
En entrevista con MILENIO, el presidente de la Comisión Fiscal de la Coparmex, Juvenal Lobato, afirmó que uno de los principales logros más es que no se va a criminalizar a los contribuyentes, y que en segundo lugar esto tampoco le impide a las autoridades fiscales hacer su trabajo por completo en temas de sanciones a quienes cometan acciones ilícitas.
“Las autoridades fiscales van a poder investigar a quienes son factureros, a quienes son defraudadores fiscales, pero no con una herramienta de intimidación hacia los demás contribuyentes; eso es lo que va a poder hacer el SAT, y la Procuraduría Fiscal, que hagan bien su trabajo a través de hacer investigaciones adecuadas, y vayan en contra de los delincuentes, no a través de atemorizar a todos los contribuyentes”, aseveró.
Explicó que si la autoridad fiscal tiene detectado a quienes son contrabandistas, factureros, o quienes eventualmente cometen un delito de defraudación fiscal en el país, si se cumplen las condiciones de que haya peligro en que desaparezca o que pueda perjudicar a las víctimas, pueden pedir esta prisión preventiva.
“Si hoy un facturero, un defraudador, un contrabandista, el SAT lo tiene detectado y considera; por ejemplo, que hay peligro de fuga porque se pueda ir, perfectamente puede solicitarle al juez que le de prisión preventiva oficiosa, pero va a ser porque se quiere ir, porque hay elementos que acreditó el SAT de que esta persona busca fugarse, no porque solo cometió un delito fiscal”, argumentó.
Destacó que el principal logro es que el gobierno no haga efectivas todas las medidas en las que busca criminalizar a los contribuyentes y a la sociedad en general, ni se limita la acción de las autoridades, “sino que al contrario, lo llama a que haga su trabajo y que si detecta a alguien que comete estos delitos busque castigarlo, pero no a través de amenazas, no a través de intimidación, sino a través de un proceso en el que se acredite la prisión oficiosa”.
“Es un alcance que para nosotros es ganar una batalla, en este clima que se ha generado en materia fiscal, de querer atemorizar a los contribuyentes, eso ha sido difícil por las recientes propuesta de reforma fiscal, y creo que es un golpe fuerte para que vean que las cosas aunque tarden un poco se van ajustando”, comentó el representante de la Coparmex.
Recordó que el sector empresarial no se quería que se catalogara a los delitos fiscales en general como de seguridad nacional, y que con eso en automático hubiera prisión preventiva oficiosa, “eso es lo que buscaba Coparmex, que esto no se diera porque va en contra de los tratados internacionales, en contra de todas las medidas que a nivel internacional se han tomado con la prisión preventiva oficiosa, es decir buscábamos que no hubiera un exceso por parte de las autoridades fiscales”.
Juvenal Lobato aclaró que la resolución de la SCJN no aplica en automático, ya que todavía no es una decisión formal, “es decir, que hoy se tomó la votación y está votación ya no va a cambiar, pero como el proyecto de ministro ponente, es decir, el que hizo el proyecto venía considerando que estas disposiciones eran válidas, y ocho de sus compañeros dijeron que no, el asunto se returna, se lo pasan a otro ministro de los que votó en contra, y tiene que hacer un proyecto que debe presentarse al pleno de la corte para decir esto es inconstitucional”.
“Hasta que esto no suceda va a ser o va a tener esta validez formal, pero como ya es una votación que prácticamente no va a cambiar en tanto siga la integración de la corte...será meramente un trámite que se resuelva en unos meses”, especificó.
Es de recordar que el pleno de la SCJN por mayoría de votos, dio la razón a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), un grupo de senadores de oposición, y a la Coparmex, que impugnaron las modificaciones hechas en diciembre de 2019, a las leyes de Seguridad Nacional, Federal Contra la Delincuencia Organizada y a los Códigos Nacional de Procedimientos Penales y al Fiscal de la Federación.
MRA