Por unanimidad de votos, los ministros de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) aprobaron el proyecto que ordena revocar las concesiones a la firma Minera Gorrión, filial de la empresa canadiense Almaden, para desarrollar el proyecto de mina Ixtaca en Ixtacamaxtitlán, en la Sierra Norte de Puebla.
Con los votos a favor de los ministros Norma Lucía Peña Hernández, Ana María Ríos Farjat, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, se aprobó el proyecto que establece que la Secretaría de Economía del gobierno federal deje “insubsistentes” los títulos de concesión otorgados a Minera Gorrión.
De manera particular, durante la sesión de este 16 de febrero, por mayoría de votos, los ministros votaron a favor de la defensa artículos Sexto, párrafo primero; 10, párrafos primero y cuarto; 15 y 19, fracciones I, II, IV, V, VI, VIII y XII de la Ley Minera.
De acuerdo con el proyecto aprobado y presentado por el ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo, la concesión a Minera Gorrión debió someterse a una consulta previa entre la población sobre posibles impactos. Con lo anterior, hasta que no haya consulta, la minera pierde sus concesiones.
“La Justicia de la Unión ampara y protege a Nicéforo Lobato Martínez, Fidencio Romano Romano y Leoncio Lobato Martínez, en su carácter de presidente, secretario y tesorero, respectivamente, del Comisariado Ejidal de Tecoltemi y representantes de la Comunidad Indígena Nahua de Tecoltemi, en contra de los títulos de concesión minera cuyo titular es la empresa denominada Minera Gorrión, Sociedad Anónima de Capital Variable; para los efectos precisados en la parte final del último considerando de la presente ejecutoria”, destaca el resolutivo aprobado por los ministros.
La Primera Sala de la SCJN determinó que procede a ordenar a la Secretaría de Economía, a través de su Dirección General de Regulación Minera, dejar insubsistentes los títulos de concesión minera bajo los nombres de lotes “Cerro grande” y “Cerro grande 2”, emitidos el 5 de marzo de 2003 y el 23 de febrero de 2009, respectivamente, y emitirlos nuevamente considerando que, si bien la Ley Minera no regula el procedimiento a seguir, existe la obligación convencional para todas las autoridades mexicanas de llevar a cabo los mecanismos o procedimientos necesarios que hagan efectivo el derecho a la consulta previa, libre e informada a los pueblos indígenas cuando por la emisión de sus actos se perjudique la esfera jurídica de sus integrantes.
Ante la resolución, el gobernador Miguel Barbosa indicó que su administración será respetuosa del fallo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En conferencia de prensa, dijo que su gobierno será sensible para que el orden y la paz se mantengan en el municipio serrano una vez que la Corte ha rendido su sentencia respecto al caso, pues recordó que hay comunidades a favor y en contra del proyecto minero que comenzó en 2003 y 2009, con previa autorización de la Secretaría de Economía federal.
“Ahí mismo hay grupos de indígenas y poblacionales que apoyan a esa minera y otros grupos que no y es un conflicto que hay que cuidar para evitar complicaciones mayores, por eso yo me quedo esperando que la Corte se pronuncie y por ahí vamos a caminar nosotros".
En 2015 los habitantes del ejido de Tecoltemic, ubicado a más de ocho kilómetros de donde se planea desarrollar una mina, en la Sierra Norte de Puebla, presentaron un amparo contra los artículos de la Ley Minera y el otorgamiento, en 2003 y 2009, de dos concesiones a Minera Gorrión.
CHM