La Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) declaró ilícito el decreto que el gobierno de Baja California emitió para que el tramo carretero Tijuana-Playas de Rosarito ahora sea posesión de la autoridad estatal.
El gobernador del estado, Jaime Bonilla, dio a conocer que de esta forma ahora serán ellos quién se encargarán de mantener y conservar la mencionada vía de comunicación, por lo que la caseta ya no cobrará cuotas de peaje a los residentes y automovilistas.
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El "decreto viola la Constitución y diversas leyes federales, invadiendo la competencia y atribuciones exclusivas del Ejecutivo Federal para otorgar concesiones y permisos, para explotar, construir y operar carreteras federales y autopistas" señaló la SCT.
Bonilla añadió que la Fiscalía General del Estado, con el apoyo de la Policía Municipal de Tijuana, se haría cargo de las instalaciones de la caseta de cobro mencionada, para evitar actos delictivos y darle seguridad.
lvm